La UOM pagó $126 millones por un complejo que nunca se construyó: el predio estatal y los vínculos con La Cámpora

El sindicato desembolsó $126.787.567 más IVA por trabajos de arquitectura vinculados con un ambicioso polo multifuncional que iba a levantarse en un terreno estatal de 80.000 metros cuadrados en Tres de Febrero. El proyecto quedó frenado por objeciones municipales y nunca llegó a ejecutarse.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) quedó nuevamente bajo la lupa por una contratación de más de $126 millones vinculada con un proyecto edilicio que finalmente no se concretó. El sindicato, durante la conducción de Abel Furlán, contrató al estudio integrado por el arquitecto Martín Reibel Maier y la arquitecta Andrea Mercado para desarrollar distintos trabajos relacionados con el denominado “Nuevo Polo Multifuncional Unión Obrera Metalúrgica”.

El proyecto estaba previsto sobre un predio estatal de aproximadamente 80.000 metros cuadrados, ubicado en la zona del Camino del Buen Ayre y la calle General Soler, en el partido bonaerense de Tres de Febrero. El terreno pertenecía al ámbito del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas, pero en noviembre de 2023 fue desafectado y cedido a la UOM mediante un permiso precario y gratuito.

La particularidad que generó cuestionamientos es que el sindicato comenzó a contratar servicios profesionales para diseñar el emprendimiento incluso antes de que la cesión del inmueble quedara formalizada.

Un terreno estatal cedido sin costo

El trámite para obtener el predio comenzó el 18 de septiembre de 2023, cuando Abel Furlán, entonces secretario general de la UOM, presentó ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) el pedido para utilizar gratuitamente el inmueble.

En esa presentación, Furlán hizo referencia a conversaciones mantenidas con el entonces ministro de Defensa, Jorge Taiana, y con Juan Debandi, quien ocupaba la vicepresidencia de la AABE y estaba vinculado políticamente con La Cámpora.

El 20 de octubre de 2023, la AABE comunicó al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas su intención de desafectar el terreno de la jurisdicción de Defensa. Menos de un mes después, el 17 de noviembre, se resolvió formalmente la desafectación y se otorgó a la UOM un permiso precario y gratuito para desarrollar allí el polo multifuncional.

La cesión formó parte de una serie de operaciones realizadas durante los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández. En 2024, una investigación había señalado que distintos inmuebles pertenecientes al Estado y a las Fuerzas Armadas habían sido cedidos a organizaciones sindicales. En el caso de la UOM, el inmueble asignado tenía una superficie de unos 80.129 metros cuadrados.

El acuerdo establecía condiciones para el uso del terreno, entre ellas que el sindicato debía asumir determinadas obligaciones relacionadas con la ocupación del inmueble y eximir al Estado de eventuales reclamos judiciales derivados de la toma de posesión.

El ambicioso proyecto de la UOM

La iniciativa llevaba el nombre de Nuevo Polo Multifuncional Unión Obrera Metalúrgica y estaba pensada como un complejo de grandes dimensiones destinado a concentrar distintas actividades del sindicato.

El proyecto contemplaba:

• un centro de convenciones;
• aulas de capacitación;
• un centro deportivo;
• talleres formativos;
• espacios recreativos;
• estacionamiento;
• distintas instalaciones complementarias.

En una primera etapa de planificación también apareció la posibilidad de construir un hotel, destinado a alojar afiliados o visitantes vinculados con las actividades que se realizarían en el complejo. Sin embargo, ese componente no habría quedado incluido en la documentación presentada posteriormente ante la AABE.

La idea era que la nueva infraestructura funcionara como una suerte de gran sede multifuncional de la organización sindical y que su construcción fuera financiada con recursos de la propia UOM.

Pero mientras el trámite para obtener el terreno avanzaba, el gremio ya había comenzado a gastar dinero en el diseño de la obra.

Los contratos con el estudio de Martín Reibel Maier

En julio de 2023, antes de que el Estado formalizara la cesión del terreno, la UOM contrató a Martín Reibel Maier y Andrea Mercado para desarrollar los primeros estudios vinculados con el emprendimiento.

Según la documentación difundida en las investigaciones periodísticas, el 12 de julio ambos profesionales presentaron propuestas de servicios. Los trabajos incluían croquis preliminares, análisis normativo y el diseño conceptual del denominado Plan Maestro para el polo multifuncional.

Una de las propuestas contemplaba honorarios por $3,9 millones más IVA, mientras que otra ascendía a $4,8 millones más IVA.

Pero el desembolso más importante llegaría meses después.

El 1 de febrero de 2024, ya durante el gobierno de Javier Milei, la conducción de Furlán aceptó una nueva propuesta del estudio para realizar el denominado “anteproyecto avanzado” de los edificios y confeccionar los planos correspondientes.

El presupuesto para esa etapa ascendía a $118.087.567, más gastos adicionales. Finalmente, de acuerdo con la documentación citada por distintos medios, el estudio terminó cobrando a la UOM un total de $126.787.567 más IVA.

Es decir, el sindicato realizó un desembolso millonario para avanzar en la planificación arquitectónica de un complejo que, poco después, quedaría definitivamente frenado.

¿Quién es Martín Reibel Maier?

Uno de los elementos que puso el contrato bajo la lupa son los antecedentes políticos y profesionales de uno de los arquitectos contratados.

Martín Reibel Maier fue vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) entre 2012 y 2015 y posteriormente ocupó cargos en empresas y organismos estatales, entre ellos AySA.

Además, compartió sus años de educación primaria y secundaria en el Colegio Guadalupe de Río Gallegos con Máximo Kirchner. Distintas publicaciones lo identifican también como militante de La Cámpora.

La arquitecta Andrea Mercado, que trabajó junto a Reibel Maier en el proyecto, también tuvo antecedentes laborales vinculados con la AABE.

Estos vínculos políticos y profesionales son los que generaron cuestionamientos sobre la contratación. No obstante, el hecho de que Reibel Maier haya tenido vínculos políticos o personales con dirigentes del kirchnerismo no demuestra por sí mismo que haya existido una irregularidad en la contratación.

El proyecto chocó con la normativa municipal

El punto de quiebre llegó en abril de 2024.

Cuando la iniciativa comenzó a avanzar sobre el terreno, el municipio de Tres de Febrero objetó el proyecto por cuestiones vinculadas con la zonificación y la disponibilidad de servicios.

El entonces intendente Diego Valenzuela intimó a la UOM a detener cualquier avance y planteó ante la AABE que el emprendimiento resultaba incompatible con las normas urbanísticas vigentes. También cuestionó las condiciones y la rapidez con la que se había concretado la cesión del inmueble.

La objeción municipal fue determinante: el complejo no pudo avanzar y la construcción nunca comenzó.

Así, mientras los planos y estudios arquitectónicos ya habían demandado más de $126 millones más IVA, en el terreno estatal no llegó a levantarse el polo multifuncional que había sido anunciado.

Un proyecto millonario que quedó en los planos

La secuencia deja una serie de fechas y cifras que explican el caso:

Septiembre de 2023: la UOM pidió formalmente utilizar gratuitamente el predio estatal.

Julio de 2023: el sindicato ya había contratado a Reibel Maier y Andrea Mercado para los primeros trabajos arquitectónicos.

Octubre de 2023: la AABE inició formalmente el proceso para desafectar el terreno de Defensa.

17 de noviembre de 2023: se concretó la desafectación y se otorgó a la UOM un permiso precario y gratuito sobre el inmueble.

1 de febrero de 2024: la conducción de Furlán aprobó la propuesta para desarrollar el anteproyecto avanzado y los planos, por más de $118 millones más gastos.

Abril de 2024: el municipio de Tres de Febrero objetó la iniciativa por incompatibilidades urbanísticas y pidió detener cualquier avance.

Resultado: el estudio recibió $126.787.567 más IVA, pero el complejo proyectado nunca se construyó.

El caso se suma a otras controversias alrededor de la UOM

La contratación del estudio de arquitectura aparece además en un contexto de cuestionamientos judiciales y políticos alrededor de la conducción que encabezaba Abel Furlán.

Otro de los expedientes que puso bajo la lupa al sindicato está relacionado con un contrato entre la UOM y USEM SA, una empresa vinculada a María Soledad Calle, dirigente relacionada con La Cámpora, para tareas de administración de fondos de los afiliados.

Ese vínculo también es objeto de investigación judicial y el contrato fue suspendido luego de la intervención judicial de la organización sindical.

Por separado, la situación del predio y del proyecto inmobiliario plantea otro interrogante: cómo fue posible que se avanzara con estudios y contrataciones millonarias antes de que estuviera asegurada la viabilidad urbanística de la obra.

La pregunta que queda abierta

El dato central del caso no es solamente que la obra no se haya construido. El punto que genera mayores interrogantes es la combinación de tres elementos: un terreno estatal de unas ocho hectáreas cedido gratuitamente, un proyecto de gran escala y una contratación profesional que terminó costando más de $126 millones más IVA pese a que el emprendimiento finalmente no pudo ejecutarse.

La documentación conocida permite reconstruir el recorrido del proyecto y los pagos realizados, pero cualquier eventual responsabilidad administrativa, contractual o penal deberá ser determinada por las autoridades competentes a partir de la documentación completa y de las investigaciones que correspondan.

Por ahora, el resultado concreto es que el ambicioso Polo Multifuncional de la UOM quedó en los planos, mientras el Estado cedió el terreno sin cobrar un canon y el sindicato afrontó un desembolso millonario por los trabajos de arquitectura.

Fuente: Infobae