La Libertad Avanza va contra la jueza que frenó el Régimen Penal Juvenil y prepara un pedido de juicio político en PBA

El espacio que conduce Sebastián Pareja en la provincia de Buenos Aires cuestionó duramente la decisión de Marta Elba Pascual de suspender por 60 días la aplicación del nuevo régimen. Desde LLA consideran que la resolución interrumpe una ley sancionada por el Congreso y anunciaron que avanzarán con una presentación para promover su destitución.

La decisión de la jueza Marta Elba Pascual de suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires desató una fuerte disputa política y judicial. La Libertad Avanza bonaerense anunció que impulsará un pedido de juicio político contra la magistrada, a quien cuestiona por haber frenado temporalmente la implementación de una ley aprobada por el Congreso de la Nación.

La iniciativa es impulsada por la conducción provincial de LLA, encabezada por Sebastián Pareja, junto con los equipos técnicos y políticos del espacio y sus bloques legislativos bonaerenses. Según anticiparon, se encuentran trabajando en la presentación que buscará promover el enjuiciamiento de Pascual y eventualmente avanzar hacia su destitución.

La polémica se originó a partir de una resolución de la jueza, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, que dispuso suspender por 60 días la aplicación del nuevo régimen en territorio bonaerense.

La medida fue dictada en el marco de un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. Pascual fundamentó su decisión principalmente en la falta de infraestructura, recursos, lugares de alojamiento y personal especializado que, según advirtió, serían necesarios para afrontar la implementación del nuevo sistema.

El nuevo Régimen Penal Juvenil

La norma cuestionada por la magistrada es la Ley Nacional 27.801, sancionada por el Congreso el 27 de febrero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. El nuevo régimen establece un sistema penal específico para adolescentes de entre 14 y 18 años que sean imputados por delitos contemplados en el Código Penal o en leyes penales especiales.

Uno de los principales cambios introducidos por la legislación es la reducción de la edad a partir de la cual un adolescente puede quedar alcanzado por el régimen penal, que pasa de los 16 a los 14 años.

La ley también establece un sistema que contempla distintas medidas según la gravedad del delito y las circunstancias particulares de cada caso, con objetivos vinculados a la responsabilidad por los actos cometidos, la educación, la resocialización y la integración social.

El Gobierno nacional reglamentó la norma mediante el Decreto 875/2026, publicado el 7 de septiembre, con disposiciones referidas, entre otros puntos, a la atención de las víctimas, los supervisores, las medidas complementarias, las penas alternativas y la capacitación de los operadores del sistema.

La respuesta de La Libertad Avanza

Desde La Libertad Avanza cuestionaron con dureza la decisión judicial. El argumento central del espacio es que la jueza habría interrumpido la aplicación de una norma que fue debatida y aprobada por el Congreso de la Nación.

Sebastián Pareja, titular de LLA en la provincia de Buenos Aires, sostuvo que la resolución “profundiza la situación de impunidad” que, según el espacio, afecta a los bonaerenses. Además, cuestionó políticamente a la magistrada y adelantó que el oficialismo provincial buscará avanzar con un jury.

La conducción bonaerense de LLA comenzó así a diseñar la estrategia jurídica y política para presentar el pedido ante los organismos correspondientes. La iniciativa cuenta además con respaldo de dirigentes y legisladores del espacio, entre ellos Diego Santilli, según trascendió en las últimas horas.

La ofensiva contra Pascual se suma a otras presentaciones que comenzaron a surgir luego de su resolución. El diputado bonaerense Manuel Passaglia también anunció que presentaría un pedido de jury contra la magistrada ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia.

Qué dijo la jueza

En medio de la polémica, Pascual defendió públicamente su decisión y explicó que su resolución no tuvo como objetivo principal cuestionar la reducción de la edad de imputabilidad, sino advertir sobre las condiciones concretas en las que debería comenzar a funcionar el nuevo sistema.

La magistrada sostuvo que la provincia no cuenta actualmente con la infraestructura ni con los recursos suficientes para absorber un eventual incremento de adolescentes privados de su libertad.

También planteó reparos respecto del modelo de encierro previsto por la nueva legislación. “Con esta ley no vamos a crear más seguridad”, sostuvo durante sus declaraciones públicas, al considerar que el encierro por sí solo no garantiza una reducción del delito si no está acompañado por educación, tratamiento y herramientas de reinserción.

Pascual es titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora y presidenta del Tribunal Penal Juvenil Único de ese departamento judicial. Tiene una extensa trayectoria vinculada con la Justicia y con políticas relacionadas con niños y adolescentes en conflicto con la ley penal.

Una disputa que ahora se traslada a la Justicia y la Legislatura

La decisión abrió un nuevo frente de conflicto entre el oficialismo nacional y bonaerense y sectores del Poder Judicial. Mientras La Libertad Avanza sostiene que una jueza no puede paralizar la aplicación de una ley sancionada por el Congreso, Pascual fundamenta su decisión en la necesidad de garantizar que el régimen pueda aplicarse bajo condiciones adecuadas y con los recursos necesarios.

El conflicto adquiere especial relevancia porque la Ley 27.801 establece un régimen de alcance nacional, aunque su implementación requiere coordinación entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. La propia legislación contempla la posibilidad de celebrar convenios entre las distintas jurisdicciones para garantizar aspectos como el traslado y alojamiento de adolescentes en conflicto con la ley penal.

Mientras se desarrolla la discusión sobre la constitucionalidad, implementación y alcance de la suspensión, La Libertad Avanza prepara su ofensiva contra la magistrada. El pedido de juicio político será ahora uno de los principales capítulos de una controversia que combina seguridad, Justicia, derechos de los adolescentes y una fuerte disputa política en la provincia de Buenos Aires.

Fuente: TN