Reforma de la Ley de Sociedades: el Gobierno busca simplificar trámites, reducir el control estatal y agilizar la creación de empresas

El oficialismo impulsa una reforma integral de la normativa vigente que busca agilizar la constitución y organización de empresas, ampliar la flexibilidad contractual, incorporar la automatización y reducir la intervención estatal.

El Poder Ejecutivo enviará en los próximos días al Congreso un proyecto de reforma integral de la Ley General de Sociedades, con el objetivo de modernizar el régimen vigente desde 2015 y adaptarlo a las necesidades del ecosistema emprendedor y corporativo actual. La iniciativa, impulsada por el oficialismo, propone cambios de fondo en la constitución, gestión y disolución de sociedades comerciales.

Según pudo saber este medio, el proyecto contempla la creación de nuevos tipos societarios simplificados que permitan constituir una empresa en un plazo de 24 horas mediante plataformas digitales, eliminando la necesidad de intervención notarial obligatoria en ciertos casos. También se prevé la incorporación de herramientas de automatización como asambleas virtuales y firma digital con validez plena y la reducción de controles administrativos previos para las operaciones societarias cotidianas.

Uno de los ejes centrales de la reforma es la ampliación de la autonomía contractual: las partes podrán acordar libremente la estructura de gobierno corporativo, los derechos políticos y económicos de los accionistas, y las causales de exclusión o salida, con menos restricciones que las que impone la normativa actual. Esto apunta a darle mayor flexibilidad a las inversiones de capital de riesgo y a los acuerdos entre socios minoritarios y mayoritarios.

En el plano fiscal y registral, el proyecto unifica criterios entre la Inspección General de Justicia (IGJ) y los registros provinciales, y establece un sistema de actualización automática de datos societarios. Además, se elimina la obligación de publicar edictos en diarios para cierto tipo de sociedades, reemplazándolos por publicaciones en un boletín oficial electrónico unificado.

Desde el oficialismo sostienen que la reforma «reduce la burocracia estatal que encarece y ralentiza la actividad privada», mientras que voces de la oposición y algunos colegios de abogados advierten que «la desregulación sin controles puede debilitar la seguridad jurídica y la protección de los acreedores y socios minoritarios».

El proyecto ingresará por la Cámara de Diputados con tratamiento prioritario, aunque el oficialismo no cuenta con mayoría propia y deberá negociar los puntos más controvertidos con bloques aliados. Se espera que el debate comience en comisión en las próximas dos semanas. #NormasNuevasParaSociedades