El Gobierno busca frenar el fallo de la Justicia de EE.UU. que confirmó la condena por Aerolíneas Argentinas

La resolución no implica el pago inmediato de la deuda ni cierra la posibilidad de una defensa por parte del Estado argentino. En la Casa Rosada estudian tres caminos para frenar la sentencia: pedir una revisión ante la misma Cámara, recurrir a la Corte Suprema estadounidense o solicitar la suspensión de la ejecución mientras se tramitan los planteos.

El Gobierno nacional se encuentra analizando distintas alternativas legales luego de que la Corte de Apelaciones de Estados Unidos confirmara la sentencia contra Argentina en el caso vinculado con la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, ejecutada en 2008 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, desde la Casa Rosada aclaran que se trata de una resolución que no implica el pago inmediato de la deuda ni tampoco cierra la posibilidad de una defensa por parte del Estado argentino. Es por eso que en estas horas se están evaluando diversos caminos para frenar el fallo.

La primera opción es solicitar una revisión del fallo ante la propia Cámara que dictó la sentencia en contra de Argentina. La segunda alternativa es recurrir directamente a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y la tercera posibilidad, complementaria a las anteriores, es pedir la suspensión de la ejecución de la sentencia mientras se tramitan esos planteos judiciales.

La causa enfrenta al Estado argentino con Titan Consortium 1 LLC, una firma que adquirió los derechos económicos derivados del laudo que iniciaron sociedades españolas del Grupo Marsans por la expropiación de las aerolíneas. El monto reconocido por la Justicia estadounidense asciende a 390.907.115 dólares al 10 de diciembre de 2024, más los intereses devengados con posterioridad a esa fecha.

La Procuración del Tesoro quedó a cargo de analizar los próximos pasos de la estrategia legal argentina. En el equipo jurídico evalúan múltiples opciones antes de que el fallo quede firme y Titan pueda avanzar con posibles medidas de embargo contra activos del Estado nacional en el exterior.