La Justicia de Estados Unidos dejó firme este viernes el fallo de la jueza de Nueva York Loretta Preska por la expropiación de YPF 

En abril de 2012, se anunció la expropiación del 51% de las acciones de YPF pertenecientes a la petrolera española Repsol.

Fue a partir de allí que se desencadenaron los acontecimientos que derivaron en este fallo que obliga a la Argentina a pagar 16.099 millones de dólares al fondo de inversión Burford.

Ahora, a una semana de dar a conocer su resolución, la jueza Loretta Preska publicó la sentencia final del juicio por la expropiación de YPF. Se trata del fallo por el que la Argentina deberá pagarle la millonaria cifra en dólares a al fondo Burford por haber expropiado de manera indebida las acciones de YPF que pertenecían a Repsol y al grupo Eskenazi.

Si bien la Argentina pretendía pagar no más de 5.000 millones de dólares, el fallo dictaminó la suma final al calcular intereses según la fecha de la irrupción de los funcionarios en YPF y la fecha en que la expropiación fue aprobada por ley del Congreso.

Diferentes intenciones

El Gobierno argentino quería que la jueza Preska indicara que la fecha de expropiación había sido el 7 de mayo de 2012, cuando salió la ley de expropiación, por lo que, de esa forma, la compensación sería desde ese día.

Además, buscaba que la tasa de interés anual retroactiva a aplicar desde 2012, cuando se expropió, a 2023, fuera del 0%, lo que daría cerca de 5.000 millones de dólares.

Por su parte, Burford consideró que la intervención de YPF se realizó el 16 de abril, cuando se desplazó a los accionistas privados. Desde ese momento hasta el 7 de mayo, las acciones de YPF cayeron un 25%.

Ante este contexto, el fondo hubiera cobrado alrededor de 8.300 millones de dólares, aun con el interés del 0% que quería Argentina. De todas maneras, los litigantes esperaban a que les reconocieran una tasa del 8% anual, lo que llevaría el monto a 16.000 millones (mayor penalización), lo que finalmente decidió la jueza.

La posición de Argentina

Por el momento, Argentina reservó su derecho de apelar y reafirmó su voluntad de cooperar de buena fe con los pedidos de la justicia estadounidense de trabajar sobre de monto de la fórmula determinado en el juicio por la nacionalización de YPF.

«La República respetuosamente discrepa de que estas cifras de daños sean correctas y además no está de acuerdo con las sentencias de responsabilidad del Tribunal y se reserva todos sus derechos de apelación», indicó la defensa del Estado argentino a cargo del estudio de abogados Sullivan & Cromwell, en un carta enviada a la jueza Preska.

De todas maneras, el texto es en realidad una respuesta a lo expresado por los representantes del grupo Petersen y Eton Park, del estudio Kellog, Hansen y asociados, quienes acusaron al país «de que se ha negado a conferir de buena fe con los demandantes para preparar un presentación conjunta».

El 8 de septiembre, cuando apenas se conoció el fallo en contra del país sobre la fórmula para calcular el monto de la sentencia emitida en marzo de 2023, el Gobierno nacional informó que iba a apelar «inmediatamente». Siguiendo esta línea, Sullivan & Cromwell manifestó «su desacuerdo con la decisión sin precedentes y errónea de la corte de distrito» de Nueva York, y ratificó «la intención de apelar la sentencia».