Clan de la Viuda Negra: cómo habría operado la organización que investigan por despojar a siete adultos mayores

La causa tiene siete presuntas víctimas y 11 imputados. La Fiscalía investiga un entramado familiar que habría utilizado vínculos de confianza, operaciones bancarias, créditos y movimientos sobre propiedades para quedarse con el patrimonio de adultos mayores vulnerables. Hay un muerto, un desaparecido y personas cuyo estado de salud y situación económica se habrían deteriorado tras las maniobras investigadas.

La investigación contra el denominado “Clan de la Viuda Negra” avanzó en los últimos días y dejó al descubierto un entramado mucho más amplio que las primeras denuncias contra Carina Fernanda Godoy. La Fiscalía sostiene que la mujer habría encabezado una estructura familiar dedicada presuntamente a aprovecharse de adultos mayores en situación de vulnerabilidad para acceder a sus cuentas bancarias, créditos, dinero y propiedades.

El expediente ya reúne a siete presuntas víctimas y 11 imputados, mientras que la Justicia dispuso distintas medidas de prisión preventiva. Con la última resolución, todos los acusados que fueron detenidos quedaron alojados en el Penal de Chimbas, mientras que solamente permanece prófugo uno de los integrantes del grupo: el hijo mayor de Godoy.

La investigación está a cargo del fiscal Eduardo Gallastegui y la ayudante fiscal Milena Berbari, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. La Justicia estableció un plazo de 12 meses para la investigación penal preparatoria, durante el cual la Fiscalía deberá profundizar las pruebas, reconstruir las operaciones y determinar el grado de participación que habría tenido cada uno de los imputados.

La presunta modalidad: confianza, créditos y patrimonio

De acuerdo con la hipótesis fiscal, el grupo habría buscado especialmente a hombres mayores que vivían solos o tenían poco contacto con familiares. El objetivo habría sido generar un vínculo de confianza para posteriormente acceder a información personal y financiera y avanzar sobre sus bienes.

Los investigadores reconstruyeron movimientos bancarios, transferencias y operaciones vinculadas con propiedades. En algunos casos, las maniobras investigadas incluyen la obtención de préstamos y créditos a nombre de las víctimas, extracción o transferencia de dinero y movimientos sobre inmuebles.

La investigación también puso bajo la lupa la participación de distintas personas del entorno de Godoy. La Fiscalía intenta establecer qué función habría cumplido cada una y cómo se habría distribuido el dinero o el patrimonio obtenido de las presuntas víctimas.

Hasta el momento, el expediente apunta a que el grupo habría conseguido quedarse con tres propiedades, además de dinero y otros activos.

Siete adultos mayores bajo la lupa

Uno de los aspectos más graves de la investigación es la situación de las presuntas víctimas. La causa reúne hasta ahora a siete adultos mayores y los investigadores reconstruyen qué ocurrió con cada uno de ellos.

Según información incorporada al expediente, uno falleció y otro permanece desaparecido. Además, otros dos habrían sufrido un importante deterioro en su estado general, mientras que tres quedaron afectados económicamente por las maniobras investigadas.

La Fiscalía analiza cada caso por separado para determinar qué operaciones se realizaron, quiénes participaron y de qué manera se produjo el presunto desapoderamiento.

El antecedente que puso a Godoy bajo la lupa

La historia judicial de Godoy comenzó antes de esta investigación. En marzo de 2025, un jubilado de 79 años denunció que, después de compartir una bebida con ella en su vivienda de Rivadavia, perdió el conocimiento y luego descubrió que le faltaban dinero, joyas y relojes.

La investigación de aquel episodio no logró acreditar que hubiera sido drogado, pero sí se comprobó el hurto de dos relojes. Por ese hecho recibió una condena de cinco meses de prisión condicional.

Ese antecedente volvió a cobrar relevancia cuando aparecieron nuevas denuncias durante 2026.

Préstamos y nuevas denuncias

En abril de este año, Godoy fue detenida nuevamente por una causa relacionada con un jubilado de 64 años de Rawson, a quien la Fiscalía acusó de haber engañado para tramitar un préstamo de $1.500.000 a su nombre. Posteriormente se sumó el caso de otro hombre de 78 años, quien reconoció a Godoy después de ver una fotografía suya y denunció que habría obtenido préstamos por $1.660.000 y $190.000 a su nombre.

En agosto, la jueza de Garantías Verónica Chicón había dispuesto prisión preventiva domiciliaria para Godoy en el marco de esa investigación. La situación volvió a cambiar cuando apareció una nueva denuncia, esta vez por un presunto perjuicio de alrededor de $50 millones, según la acusación fiscal.

La Fiscalía sostiene que en ese último caso se habría producido un vaciamiento de cuentas y la toma de préstamos a nombre de la víctima. A partir de esos elementos se realizaron allanamientos y fueron detenidos varios integrantes del entorno de Godoy.

La investigación se amplió al entorno familiar

Con el avance del expediente, la Fiscalía dejó de investigar solamente a Godoy y comenzó a reconstruir el supuesto entramado en el que habrían intervenido familiares y otras personas cercanas.

Entre los nuevos imputados figuran José Rodríguez, Juan Ignacio Gómez, Carla Elizondo, Sofía Aguilera y Micaela Araya, mientras que otros integrantes del entorno ya habían quedado vinculados al expediente.

La hipótesis de los investigadores es que las maniobras no habrían sido realizadas de manera individual, sino mediante una estructura en la que distintas personas habrían intervenido en operaciones financieras, patrimoniales o en el manejo de los bienes de las presuntas víctimas.

Todos los detenidos quedaron en el Penal de Chimbas

La última decisión judicial modificó nuevamente la situación de los acusados. Incluso dos mujeres que cumplían arresto domiciliario por ser madres de hijos pequeños fueron trasladadas al Penal de Chimbas.

La resolución fue adoptada por la jueza Mónica Lucero, quien subroga a Verónica Chicón, durante una audiencia en la que se analizaron las medidas de coerción solicitadas por el fiscal Gallastegui.

De esta manera, el expediente entra en una nueva etapa: con los principales acusados privados de la libertad, la Fiscalía tendrá un año para profundizar la investigación, analizar documentación y movimientos bancarios, reconstruir las operaciones sobre las propiedades y establecer la responsabilidad individual de cada imputado.

La causa continúa abierta y las acusaciones deberán ser acreditadas durante el proceso. La prisión preventiva es una medida cautelar y no implica una declaración de culpabilidad.

Fuente: Redacción