Presunta estafa en San Juan: denuncian cobros por cursos mineros que debían ser gratuitos

Integrantes de la agrupación Minera Cordillera de los Andes acusan a su presidente de cobrar por capacitaciones que debían ser sin costo, usando instalaciones públicas y emitiendo certificados sin validez oficial. Más de cien personas podrían estar involucradas.

Miembros de la agrupación Minera Cordillera de los Andes presentaron una denuncia penal por presunta malversación de fondos contra su presidente, Patricio Páez. Todo empezó cuando detectaron que se cobraba por capacitaciones que, según los propios estatutos de la organización, debían ser totalmente gratuitas.

David Suárez, integrante de la comisión directiva, explicó que nacieron como una asociación civil sin fines de lucro con el objetivo de capacitar a trabajadores locales, aprovechando incluso la Ley 8020 de mano de obra local que ellos mismos impulsaron ante el Gobierno provincial.

«Nosotros teníamos como objetivo colaborar con capacitaciones gratuitas para las personas que quisieran formar parte de minerías de nuestra provincia. Empezamos a detectar que se estaban cobrando ciertos cursos y no estábamos de acuerdo con esa situación.»

Dinero que fue a cuentas personales

Lo más grave es que los pagos no ingresaban a la cuenta de la agrupación, sino que se transferían directamente a cuentas personales de Patricio Páez y de su hijo, Santiago Páez. Los movimientos se registraron principalmente desde agosto hasta octubre de este año.

Para justificar todo, el presidente hablaba de un emprendimiento llamado Truck Shop. Pero según los denunciantes, no es una empresa de capacitación autorizada: es un taller familiar de reparación de maquinaria, sin CUIT ni registro oficial para dictar cursos.

Cada persona pagó entre 100.000 y 200.000 pesos. Con más de cien personas afectadas, los denunciantes estiman que el movimiento podría rondar entre 15 y 20 millones de pesos.

Instalaciones públicas y certificados que no sirven

Las clases se dictaban en El Coloso de Rawson, un espacio municipal que se prestó gratis porque se entendía que era una actividad comunitaria. El municipio ya fue avisado y no volverá a ceder el lugar.

También advierten que los certificados que entregaron no tienen respaldo institucional ni validez legal. No sirven para presentarlos ante empresas mineras ni ante organismos del Estado.

La justicia ya intervino

Antes de llegar a la denuncia, intentaron hablar varias veces en reuniones de comisión, pero siempre les ponían trabas. Finalmente presentaron el caso ante la UFI de Delitos Especiales, en Tribunales de San Juan, con los comprobantes de pago que las propias personas afectadas les hicieron llegar.

También avisaron a Personería Jurídica para frenar los trámites de la entidad y apartaron formalmente a Páez de la conducción.

🔍 Cómo se compara con el caso del Centro de Capacitación ELEVA

Son situaciones distintas que terminan tocando el mismo problema.

En el caso de la agrupación Minera Cordillera de los Andes:

• Quien denuncia son los propios compañeros de la comisión directiva. Estaban adentro y vieron cómo funcionaba por dentro.
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• El problema central es que algo que debía ser gratis empezó a pagarse, y ese dinero no entró a la organización sino a cuentas particulares.
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• La actividad se presentaba como comunitaria y usaba espacios públicos prestados.
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• Ya hay una denuncia penal presentada y la justicia está investigando las cuentas bancarias involucradas.

En el caso del Centro de Capacitación ELEVA:

• Quien advierte son personas externas que intentaron acceder o conocieron la propuesta. No hay alguien de adentro que haya presentado una denuncia formal todavía.
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• El problema central es que se presenta como una capacitación oficial o avalada, pero no aparece ninguna resolución ministerial que la respalde. Nadie sabe con certeza qué título se entrega ni si tiene validez.
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• No queda claro si funciona como institución registrada. No hay información pública oficial sobre su funcionamiento.
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• Hasta ahora es una advertencia pública: se recomienda consultar antes de pagar, pero aún no hay una causa judicial abierta como en el otro caso.

Lo que tienen en común ambos casos:
En los dos se llama la atención sobre lo mismo: que antes de pagar por cualquier curso de capacitación, es fundamental preguntar qué respaldo oficial tiene, qué título se entrega y si existe una resolución del ministerio que lo avale. Esa es la mejor protección para no caer en situaciones irregulares. Fuente: Radio Sarmiento y Tiempo de San Juan

Presunta Foto de Recibo de cobro cuota.