DNU para expulsar extranjeros por «discursos de odio»: constitucionalistas cuestionan su validez y la falta de precisiones

El Poder Ejecutivo modificó la Ley de Migraciones e incorporó nuevas causales para impedir el ingreso al país o cancelar la residencia de migrantes.

El Gobierno de Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 681/2026, que modifica la Ley de Migraciones para impedir el ingreso al país y habilitar la expulsión de extranjeros que promuevan «mensajes de odio» o inciten a la violencia contra la Argentina.

Rápidamente, la medida presentada como respuesta a una supuesta «campaña anti-Argentina»— despertó cuestionamientos sobre su constitucionalidad y sobre la potestad del Presidente para modificar una ley a través de un DNU. En diálogo con TN, el abogado constitucionalista Diego Armesto aseguró que la medida es inconstitucional, ya que «el Decreto de Necesidad y Urgencia debe reunir los requisitos establecidos por la Corte Suprema, que son dos: que el Congreso no pueda reunirse y que la necesidad y urgencia sea tal que no pueda utilizarse el proceso de formación y sanción de la ley».

«Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacernos es si estas circunstancias se dan en este caso. No», agregó el profesional.

El debate por los «mensajes de odio»

Sobre el punto que habilita la expulsión o la restricción del acceso al país por un «mensaje de odio», Armesto explicó la dificultad de determinar cuál sería un mensaje de este tipo: «Lo que pasa es que, al no existir un procedimiento establecido dentro del decreto para poder encuadrarlos, solo hay una palabra: odio. Es decir, a vos no te identifica la acción por la cual podés tachar que existe odio; entonces te desconfigura la acción y, principalmente, te desconfigura el verbo, porque el verbo es odiar. Entonces, yo tengo que aplicar el diccionario y tratar de encontrar qué quiere decir y qué es odio».

«¿Qué acción encuadra dentro de esa definición? ¿Quemar una camiseta de Messi, gritar en contra de Argentina? Bueno, ese es un problema grave que tiene y adolece el decreto», reiteró Armesto.

En esa línea, el abogado constitucionalista Mariano Bär agregó que esa falta de definición choca con otras leyes: «Cuando está en juego la libertad de expresión, siempre se entra en tensión con otros derechos. Pero, por ejemplo, no es lo mismo el ejercicio de la libertad de expresión donde yo puedo decir cualquier cosa de la política pública o de temas de agenda pública, respecto de personas particulares donde el escrutinio es más estricto».