Se aprobó por unanimidad la Ley de Discapacidad: cambios en prestaciones y mensaje a Milei
Se aprobó con 71 votos a favor y ninguno en contra. Criterios estables para pensiones y fiscalización. La presión social y política al Gobierno.
El Senado de la Nación convirtió en ley la nueva Ley de Discapacidad con 71 votos afirmativos, cero negativos y cero abstenciones, tras más de nueve horas de debate.
La norma, denominada formalmente Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, reemplaza a la Ley de Emergencia en Discapacidad 27.793, que vence el próximo 31 de diciembre de 2026, y la transforma en un régimen permanente.
Se trata de un giro político de alto impacto. La emergencia vigente había sido sancionada por el Congreso contra la voluntad del Gobierno: el presidente Javier Milei la vetó totalmente el 4 de agosto de 2025 y el Senado rechazó ese veto el 4 de septiembre, con 63 votos a favor y 7 en contra. Fue la primera vez desde 2003 que el Congreso volteaba un veto total.
El nuevo texto, que ya había sido aprobado en Diputados en octubre con 237 votos a favor y 9 en contra, replica casi todo el esquema de aquella ley vetada, pero le quita el carácter transitorio y precisa, según el oficialismo, de dónde saldrá cada peso.
Qué cambia en prestaciones
La ley mantiene los ejes centrales del sistema, pero con criterios estables:
1. Pensiones no contributivas: se garantiza la continuidad de la pensión por discapacidad, equivalente al 70% de la jubilación mínima. La novedad es que será compatible con tener un empleo registrado o monotributo, siempre que los ingresos no superen los 2 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM). Actualmente ese tope es de $782.000.
2. Certificado Único de Discapacidad (CUD): se garantiza su continuidad como puerta de acceso a derechos.
3. Actualización de aranceles: se mantiene el nomenclador único de prestaciones -los valores que cobran los prestadores- con actualización automática y periódica según la movilidad jubilatoria, atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
4. Cobertura médica: se garantiza la continuidad del Programa Federal Incluir Salud para titulares de pensiones no contributivas que no tienen obra social, con las prestaciones básicas de la Ley 24.901.
5. Deudas con prestadores: uno de los reclamos más urgentes del sector. La ley obliga al Poder Ejecutivo a notificar en 30 días corridos un cronograma de pagos y a cancelar la totalidad de las compensaciones atrasadas dentro de los 90 días corridos para quienes hayan completado el trámite administrativo. También fija 30 días máximo para reglamentar la ley.
6. Fiscalización y financiamiento: la asignación del Ministerio de Salud para el sector no podrá caer en términos reales respecto del ejercicio anterior. A cambio, se incorpora un sistema de auditorías periódicas con cruce de datos entre ANSES, ARCA, SINTyS y RENAPER, bajo el principio de debido proceso inclusivo.
La única ausente en la votación fue la mendocina Anabel Fernández Sagasti, por licencia por maternidad.
El mensaje a Milei: presión social y política
La unanimidad escondió un debate tenso, atravesado por reproches al Gobierno por la demora de dos años.
La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió el cambio de postura:
«Estamos saliendo de una emergencia para generar certeza, transparencia, previsibilidad y estabilidad en todas las familias que estuvieron durante 2 años en una situación de disputa».
Y reconoció que «dice claro y en concreto de dónde saldrá cada peso».
Desde la oposición, el cuestionamiento fue unánime: el Gobierno pasó del veto al impulso de la ley por presión social, de las encuestas y por la visita del papa León XIV al Cottolengo Don Orione.
La cordobesa Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, lo llamó «el milagro de la visita del Papa». La tucumana Beatriz Ávila cuestionó que el Congreso no hubiera tenido «la fuerza suficiente para romper la insensibilidad, con el capricho» del Gobierno.
El peronista Martín Soria fue más duro: «Que nadie se confunda con este repentino interés. El Ejecutivo está desesperado por la reelección de Milei y mira las encuestas».
La kirchnerista Juliana Di Tullio agradeció «a los argentinos y argentinas con discapacidad que nos hayan dado una lección enorme y maravillosa» y lograron dar vuelta votos que antes eran en contra. Alicia Kirchner advirtió: «Ninguna sanción reconstruye los derechos que fueron vulnerados; en tal caso, es un punto de partida». Y la catamarqueña Lucía Corpacci sostuvo que la ley fue fruto de la movilización y alertó que sin fondos en el Presupuesto 2027 quedará en una promesa.
Esa advertencia la compartió incluso el radicalismo. La senadora Mariana Juri pidió que Diputados incluya los recursos en el Presupuesto 2027, emitido antes de la sanción. El presidente de la Comisión de Presupuesto, Agustín Monteverde (LLA), aseguró que se espera que Diputados lo incorpore antes de enviarlo al Senado.
Afuera del recinto, las organizaciones festejaron con cautela. Mariel Chapero, de Apridis Santa Fe, resumió el clima:
«El resultado es fruto de la lucha colectiva. Ahora le toca al Poder Ejecutivo financiarla, reglamentarla y cumplirla. Este es el próximo paso».
Con la ley sancionada, la pelota vuelve a la Casa Rosada. El Congreso le dio unanimidad y permanencia al reclamo; la presión social y política ahora exige que Milei la financie y la cumpla.
Fuente: IP


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