San Juan: tras la interrupción del embarazo, explican el marco legal en el caso de la menor abusada

La madre de la niña pidió respeto en un video difundido con el rostro pixelado. Mientras avanza la investigación, se conocieron detalles sobre la aplicación de la ILE y las garantías legales para la víctima.

El caso de abuso sexual que conmociona a San Juan continúa sumando capítulos. En las últimas horas se confirmó que a la menor de 12 años se le practicó la interrupción legal del embarazo (ILE), en un procedimiento contemplado por la legislación vigente en Argentina.
En paralelo, la madre de la víctima difundió un video con el rostro pixelado en el que pidió respeto y prudencia ante la viralización del hecho. “Piensen en mis hijos y en mí. Todo se está investigando”, expresó, al tiempo que denunció situaciones de hostigamiento tras la exposición pública del caso.
La investigación es llevada adelante por la fiscal Andrea Insegna, quien ya solicitó la detención de un sospechoso por el ataque sexual sufrido por la menor. Mientras tanto, la causa se maneja con estricto hermetismo para resguardar a la víctima y evitar su revictimización.
El marco legal: por qué correspondía la ILE
La interrupción legal del embarazo está contemplada en Argentina desde 1921 en el Código Penal y fue posteriormente regulada por la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo y los protocolos del Ministerio de Salud de la Nación.
La normativa establece que se puede interrumpir un embarazo cuando es producto de una violación o cuando existe riesgo para la vida o la salud de la persona gestante.
En este caso, la situación encuadra directamente en la primera causal: embarazo producto de abuso sexual. Además, por la edad de la niña, también podría considerarse un riesgo para su salud integral.
De acuerdo a la legislación vigente, no es necesario realizar una denuncia penal para acceder a la práctica, ni tampoco presentar pruebas del abuso. En menores de 13 años, incluso, no se requiere declaración jurada.
Otro punto clave es que la oposición de uno de los progenitores no impide el acceso a la ILE, especialmente en casos de violación. El sistema de salud tiene la obligación de garantizar el procedimiento sin exigir autorización judicial ni generar demoras administrativas.
El rol de los asesores de menores
Cuando existen conflictos familiares o intereses contrapuestos, intervienen los Ministerio Público Fiscal a través de los asesores de menores, quienes actúan como garantes de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Estos funcionarios pueden representar legalmente a la menor y autorizar la práctica cuando corresponde, asegurando que se respete el principio del interés superior del niño, por encima de cualquier otra decisión.
Fuentes vinculadas al ámbito judicial señalaron que en antecedentes similares en la provincia, incluso en situaciones donde el agresor era un familiar directo o no existía acuerdo dentro del entorno familiar, se priorizó siempre la protección de la víctima.
Investigación en curso
El caso salió a la luz el pasado 20 de marzo, cuando desde el ámbito escolar detectaron el embarazo y activaron los protocolos correspondientes. Desde entonces, la menor permanece bajo contención médica, psicológica y emocional.
La causa continúa en etapa de investigación, a la espera de que la niña pueda prestar declaración en Cámara Gesell, en condiciones adecuadas y con acompañamiento profesional.
El hecho generó una fuerte repercusión social y reabre el debate sobre el abordaje institucional, el rol del entorno familiar y la responsabilidad en la difusión de información sensible cuando hay menores involucrados. #AberranteAbusoSexualDeUnaNenaDe12Años

Video pixelado: la madre de la niña de 12 años que habría sido embarazada por su padrastro hace su descargo extraoficial.