Recompensa de $10 millones por información sobre la banda que amenazó a Bullrich y Pullaro

El Ministerio de Seguridad lanzó una recompensa para quienes aporten datos concretos sobre los responsables del video intimidatorio dirigido a Patricia Bullrich y Maximiliano Pullaro. La medida busca esclarecer el caso y dar con los autores.
Este miércoles, el Ministerio de Seguridad oficializó una recompensa de $10 millones destinada a quienes brinden información útil y precisa que permita identificar a los responsables del video intimidatorio dirigido a la presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, y al gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial con la firma de la ministra de Seguridad, refuerza el compromiso de las autoridades para esclarecer este acto de amenaza y garantizar la seguridad de los dirigentes. El video en cuestión, que circuló días atrás, incluía mensajes intimidatorios y referencias explícitas a ambos funcionarios, lo que generó una rápida respuesta del gobierno nacional.

“La medida apunta a recabar datos que permitan individualizar a los autores materiales e intelectuales del hecho, así como desmantelar cualquier red vinculada a este tipo de actividades”, señalaron fuentes del ministerio.

La recompensa estará disponible para quienes se comuniquen con el Programa Nacional de Coordinación para la Búsqueda de Personas Ordenada por la Justicia, a través de las vías oficiales habilitadas para recibir información de manera confidencial.

El caso se encuentra bajo investigación de las fuerzas de seguridad y el Poder Judicial, quienes trabajan en conjunto para determinar el origen y la intencionalidad del mensaje. Tanto Bullrich como Pullaro han manifestado públicamente su rechazo a cualquier intento de amedrentamiento y subrayaron la importancia de la justicia en la resolución de este tipo de amenazas.

Este anuncio refuerza el mensaje del gobierno de que no se tolerarán actos de violencia ni intimidación contra representantes de la sociedad y que se garantizarán todos los recursos necesarios para llevar a los responsables ante la justicia.