El Tribunal de Rosario dictó prisión preventiva por 120 días para cuatro exdirectivos de la agroexportadora, investigados por desvío de fondos y maniobras fraudulentas.
El Tribunal de Rosario, conformado por los jueces Nicolás Foppiani, Gonzalo Fernández Bussy y Valeria Pedrana, ha ordenado la prisión preventiva por 120 días para cuatro exdirectivos de la empresa Vicentín: Omar Scarel, Alberto Macua, Roberto Gazze y Daniel Buyatti. Los imputados están acusados de estafa y asociación ilícita en el marco de una investigación por el desvío de casi $6.000 millones de la compañía para gastos personales, así como la autoasignación de retiros voluntarios de alrededor de $2.000 millones en el período de 2019 a 2024.
La fiscalía alega que la crisis financiera de Vicentín, que actualmente atraviesa un proceso de concurso, excede las dificultades económicas del mercado y responde a maniobras fraudulentas por parte del directorio. Según los datos recopilados, se habría falseado documentación con el objetivo de obtener créditos que no podían ser cubiertos.
El juez Foppiani hizo hincapié en la gravedad de los delitos y la sofisticación de las maniobras delictivas, advirtiendo que las posibles penas pueden ser severas si los acusados son condenados. Además, se supo que algunos de los fondos desviados se habrían utilizado para pagar honorarios de defensa y seguros de caución para evitar la prisión, a pesar de la situación crítica que enfrenta la empresa.
La investigación ha alcanzado a un total de 19 exejecutivos de Vicentín. Además, la Justicia también ha puesto la mira en el exdirector de la AFIP, Carlos Vaudagna, por su posible intervención para evitar sanciones fiscales hacia la empresa durante los años previos al default.
Aparte de la prisión preventiva de Scarel, Macua, Gazze y Buyatti, otros exdirectivos, como Carlos Alecio Sartor y Fernando Estanislao Bougain, enfrentan cauciones de medio millón de dólares, mientras que un grupo adicional de exejecutivos se enfrenta a cauciones de $400.000 y restricciones de movilidad.
Situación crítica de Vicentín
Paralelamente, la compañía, que acumula una deuda post concurso superior a $5.000 millones, ha sido intervenida por la Justicia. Esta medida se produce en medio de un contexto de inacción operativa debido a la falta de granos para procesar y la imposibilidad de cubrir los sueldos atrasados de sus trabajadores.
La decisión judicial de llevar a cabo allanamientos y detenciones de exdirectivos fue parte de una serie de procedimientos ordenados por la fiscalía la semana pasada. Vicentín ha emitido un comunicado rechazando los allanamientos, alegando que agravan su situación y dificultan la posibilidad de reanudar la producción y cumplir con las obligaciones hacia empleados y acreedores.
Los directivos afectados resaltan que las acusaciones y procedimientos legales se refieren a períodos anteriores a la declaración de concurso y sostienen que se están complicando los esfuerzos por estabilizar la empresa en un momento crítico de su historia.
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