Paro general del 10 de abril: la CGT protesta contra el Gobierno y se abre el debate por el impacto en los sueldos

La central obrera convoca a una nueva medida de fuerza contra las políticas de Javier Milei. La UTA no se adhiere, por lo que habrá colectivos, pero no funcionarán trenes ni subtes. El día no trabajado podría ser descontado del salario, advierten expertos.

La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un nuevo paro general para el próximo jueves 10 de abril en rechazo a las políticas del Gobierno de Javier Milei. Sin embargo, el impacto de la medida podría verse limitado, ya que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que los colectivos funcionarán con normalidad.

Esto permitirá que muchos trabajadores puedan trasladarse a sus lugares de trabajo, aunque deberán sortear dificultades debido a la interrupción de los servicios de trenes y subterráneos. Pese a las complicaciones logísticas, expertos en derecho laboral advirtieron que las ausencias injustificadas durante la jornada podrían derivar en descuentos salariales.

Según el abogado laboralista Juan A. De Diego, “el paro general, por ser una medida de fuerza ajena al derecho constitucional de huelga, no genera derecho a remuneración alguna”. En este sentido, el especialista explicó que “la abstención del deber de trabajar provoca automáticamente la pérdida del salario, sin necesidad de intimación previa”.

La legislación vigente establece que el salario sólo se devenga cuando el trabajador cumple con su obligación de prestar servicios. De este modo, toda ausencia injustificada —incluso en contextos de paro— puede dar lugar a la pérdida del ingreso, incluidos adicionales como presentismo, productividad u horas extras.

“La jurisprudencia ha sido clara: no hay obligación de pago si no hay contraprestación. Incluso la Corte Suprema ha ratificado esta postura en fallos como ‘Buhler Erico c/ Talleres Gale’, donde se estableció que el salario durante la huelga es improcedente porque carece de causa que justifique su pago”, agregó De Diego.

Por su parte, se recordó el caso “ATE c/ Hospital Garrahan”, donde se concluyó que los huelguistas no tenían derecho al cobro durante las medidas de fuerza, ya que omitieron cumplir con su débito laboral.

El debate vuelve a instalarse en la previa de una nueva protesta nacional. Mientras la CGT busca hacer sentir su descontento, miles de trabajadores enfrentan la disyuntiva de adherirse o asistir a sus empleos, sabiendo que la decisión podría impactar en sus ingresos mensuales.