En el marco de la causa que involucra a Facundo Nievas y al intendente José Castro, el abogado Roberto Castillo se presentó públicamente para exponer su posición y responder a las inquietudes que surgieron en torno a la defensa de su asistido. Sus declaraciones fueron claras, directas y contundentes, y es necesario reproducirlas con la fidelidad que merecen.
El abogado Roberto Castillo manifestó que muchas personas le preguntan cuánto cobra por su trabajo y quién paga la defensa de Facundo Nievas. Frente a esos cuestionamientos respondió: y a ustedes qué les importa cuánto es lo que yo cobro en mi estudio jurídico. Explicó que fue la esposa de Nievas quien lo contactó para que asumiera la defensa del caso. Aclaró que él no sabe con precisión cuántas denuncias pesan sobre el intendente José Castro y que no vino a atacar a nadie, sino única y exclusivamente a representar a su asistido, cumpliendo con el deber profesional que le corresponde.
Expresó además que le da asco la corrupción, que la rechaza profundamente porque daña a toda la comunidad, y que no milita en ningún partido político ni persigue beneficio propio. Señaló que le llama poderosamente la atención que se centre la atención en quién defiende a Nievas y en los honorarios del profesional, en lugar de investigar y debatir los hechos que están en juego. Añadió que tanto en la política como en algunos espacios periodísticos se habría abandonado la vocación de servicio para dar paso a intereses puramente económicos.
Por su parte, Facundo Nievas afirmó que fue presionado por negarse a cumplir instrucciones que el intendente José Castro le impartía. Declaró que durante largo tiempo realizó tareas ajenas a su función, utilizando bienes, vehículos, maquinaria y personal del municipio en beneficio de terceros y de intereses particulares, y que cuando decidió dejar de hacerlo comenzó su persecución. Dijo que habría sido mantenido bajo vigilancia y alejado de las personas de su entorno. Fue condenado por el delito de peculado.
Respecto del intendente José Castro, se han presentado múltiples señalamientos que lo vincularían con el uso de recursos, personal y equipamiento del Estado en obras de su propiedad y de personas cercanas a su entorno. Se habrían formulado denuncias que, hasta el momento, no habrían llegado a comprobarse de manera oficial. Ninguna de estas imputaciones habría derivado en consecuencias para él. Mientras el funcionario que habría ejecutado esas acciones y luego se resistió a continuarlas fue sometido a proceso y condenado con celeridad, quien ocuparía la máxima responsabilidad en los hechos permanecería al margen de cualquier consecuencia.
Desde este medio periodístico se sostendría que no todos los que ejercen el periodismo en San Juan actúan de la misma manera. Cuando se investigan hechos de esta naturaleza, en lugar de responderse con información y pruebas, se atacaría a quien pregunta con descalificaciones, rumores y cuestiones ajenas al tema. Se intentaría desviar la atención para que nadie observe dónde se encuentra la verdadera trascendencia de lo investigado. Se buscaría ensuciar al mensajero para no responder lo que corresponde.
La pregunta que debería ocupar a la opinión pública no sería quién defiende a Nievas ni cuánto cobra su abogado. La pregunta sería por qué quien tiene la obligación de rendir cuentas ante la ciudadanía continúa sin hacerlo.
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