Megaestafa con la venta de lotes: más de 300 familias damnificadas y un perjuicio que supera los $2.700 millones

A casi 40 días del inicio formal de la causa por la presunta megaestafa en la venta de lotes en barrios privados, ya se acumulan más de 300 denuncias de familias damnificadas, según confirmaron fuentes judiciales. Las estimaciones revelan que el perjuicio económico podría alcanzar los $2.700 millones, una cifra mucho mayor a la planteada inicialmente.

El caso tiene como principales acusados a los empresarios Héctor Andrés Storniolo y Juan Mauricio Gallerano, quienes permanecen detenidos desde el 31 de octubre, y a Patricia Alejandra Nacif, esposa de Storniolo, imputada y en libertad. Todos enfrentan cargos por estafas reiteradas.

La imputación inicial consideraba las denuncias de 25 familias afectadas en cuatro complejos habitacionales (Tierras de Don Rogelio, Tierras del Sur, Vistas del Sur y Las Acacias Blancas) y un daño económico de $255 millones. Sin embargo, en el último mes, las denuncias se dispararon a 310, involucrando ocho barrios privados, lo que motivará al fiscal Eduardo Gallastegui y su equipo a ampliar la investigación en los próximos días.

Desde 2017, las empresas dirigidas por los acusados vendieron lotes en futuros barrios privados, prometiendo escriturar los terrenos y entregar servicios básicos en un plazo de 6 a 18 meses. Los precios oscilaban entre los 6 mil y 12 mil dólares, con algunos casos en los que también se comprometieron a construir viviendas.

Los plazos se vencieron, pero los servicios no fueron provistos ni las propiedades legalizadas, ya que los propietarios originales de los terrenos no transfirieron los lotes a las firmas inmobiliarias debido al incumplimiento de los contratos.

Muchas familias realizaron importantes inversiones para construir sus viviendas, y algunas ya tienen casas levantadas, pero ahora enfrentan la incertidumbre de perder todo. Este panorama genera temor y desesperación entre los damnificados, quienes durante años intentaron resolver la situación hasta que el caso finalmente llegó a la Justicia.

Mientras los acusados esperan la audiencia para revisar su prisión preventiva, el Ministerio Público avanza en el análisis de las 310 denuncias para formalizar la ampliación de la causa. Las dimensiones del caso lo posicionan como una de las mayores estafas inmobiliarias de los últimos tiempos, afectando no solo a las familias sino también al mercado de bienes raíces y la confianza en las operaciones inmobiliarias.

Fuente: Tiempo de San Juan