LLA negocia contrarreloj en Diputados una nueva ley de Discapacidad y busca evitar la prórroga de la emergencia

La renuncia de Alejandro Vilches como secretario de Discapacidad se produjo en medio de la discusión por los fondos para el área en el Presupuesto 2027. El oficialismo intenta separar su salida de la negociación con el PRO, la UCR y bloques provinciales para consensuar una nueva legislación.

La Libertad Avanza (LLA) acelera las negociaciones en la Cámara de Diputados para alcanzar un acuerdo sobre una nueva ley de Discapacidad, mientras intenta mantener separada de esa discusión la reciente renuncia de Alejandro Vilches como secretario del área.

La salida de Vilches se produjo en un momento particularmente sensible para el Gobierno, debido a la discusión por los recursos destinados a discapacidad dentro del Presupuesto 2027. Sin embargo, desde el oficialismo buscan que la renuncia no interfiera con las conversaciones que mantienen con distintos bloques opositores para definir una nueva normativa.

El principal objetivo de LLA es llegar al miércoles con un proyecto consensuado que pueda avanzar en el Congreso. Ese día está previsto que un plenario de comisiones de Diputados analice los distintos proyectos y emita los dictámenes correspondientes.

Uno de los textos que será tratado es el impulsado por sectores de la oposición, que propone prorrogar la Ley de Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2027. Frente a esa iniciativa, el oficialismo trabaja en un proyecto alternativo que busca reunir el respaldo del PRO, la UCR y distintos bloques provinciales.

La estrategia de LLA consiste en modificar el enfoque actual. En lugar de extender nuevamente el régimen de emergencia, el oficialismo plantea avanzar hacia una legislación de carácter permanente. La premisa que transmiten desde el espacio libertario es “pasar de la lógica de la emergencia a una lógica de ley permanente”.

La negociación, sin embargo, quedó condicionada por las modificaciones previstas en el Presupuesto 2027 para las partidas destinadas a discapacidad. El planteo presupuestario generó preocupación entre sectores vinculados al área y también dentro del propio oficialismo.

Uno de los principales puntos de conflicto está relacionado con la intención de derogar aspectos centrales de la legislación vigente, entre ellos el nomenclador utilizado para determinar los valores de las prestaciones y el mecanismo de actualización automática de esos montos.

Estos cambios impactan directamente sobre el sistema de prestaciones para las personas con discapacidad y se convirtieron en uno de los principales obstáculos para alcanzar un acuerdo político en Diputados.

La discusión presupuestaria tomó por sorpresa incluso a algunos legisladores de LLA, que se encontraron con modificaciones en las partidas para el área mientras avanzaban las conversaciones con los bloques dialoguistas. Por ese motivo, el oficialismo intenta ahora compatibilizar la discusión presupuestaria con una propuesta legislativa que permita obtener los votos necesarios para evitar la prórroga de la emergencia.

La renuncia de Vilches

En paralelo, la renuncia de Alejandro Vilches agregó tensión al escenario. El funcionario dejó su cargo como secretario de Discapacidad mientras se discutían los recursos destinados al área y las modificaciones previstas para el próximo presupuesto.

Desde LLA buscan desvincular ambas cuestiones y sostienen que la salida del funcionario no debería condicionar las negociaciones parlamentarias. El foco del Gobierno está puesto en alcanzar un acuerdo con los bloques aliados antes de la reunión de comisiones.

La definición será clave porque allí se determinará qué iniciativa consigue dictamen y queda en condiciones de avanzar hacia el recinto. La oposición impulsa la continuidad de la emergencia, mientras que el oficialismo pretende reemplazar ese esquema por un marco legal permanente.

El resultado de las negociaciones dependerá de la capacidad del Gobierno para acercar posiciones con el PRO, la UCR y los bloques provinciales, especialmente en los puntos vinculados con el financiamiento del sistema, la actualización de las prestaciones y el alcance de las modificaciones previstas en el Presupuesto 2027.

Así, el oficialismo enfrenta una doble discusión: por un lado, el debate sobre los recursos para discapacidad dentro del proyecto de Presupuesto; por otro, la definición de una nueva legislación que determine cómo funcionará el sistema de prestaciones en los próximos años.

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