El informe de la UCA revela niveles alarmantes de pobreza e indigencia en octubre de 2024, aunque con leves mejoras respecto al pico del primer trimestre. Las infancias y los hogares más vulnerables siguen siendo los más afectados, en un contexto de crisis sistémica y transición económica.
En octubre de 2024, el 49,9% de los argentinos vivían en situación de pobreza, según el último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA). La indigencia alcanzó al 12,9% de la población, mostrando una leve disminución desde el pico registrado en el primer trimestre del año (55,9% de pobreza y 20,3% de indigencia), pero aún cerca de los máximos históricos de las últimas dos décadas.
El informe, titulado «Deudas sociales en la Argentina del siglo XXI (2004-2024). Fin de ciclo y futuro abierto», presentado por el director del ODSA, Agustín Salvia, expone un agotamiento del modelo político-económico. “Hubo un crecimiento que derivó en estancamiento y una crisis sistémica. El ajuste realizado por el presidente Javier Milei tuvo un impacto significativo, aunque no tan severo como podría haber sido”, afirmó Salvia, quien señaló que el país está en un proceso de transición económica.
Infancias en crisis
El informe destaca que las infancias son las más afectadas: el 65,5% de los menores de 17 años son pobres y dos de cada diez viven en pobreza extrema. Desde 2018, los indicadores de pobreza infantil no han dejado de empeorar, reflejando la vulnerabilidad estructural de este sector.
Hogares al límite
El 47% de los hogares en el país manifiesta que sus ingresos no alcanzan para cubrir necesidades básicas, cifra que asciende al 75,3% en los estratos más bajos. Solo uno de cada diez hogares urbanos tiene capacidad de ahorro mensual, mientras que uno de cada cuatro enfrenta inseguridad alimentaria.
En términos laborales, el 60% de la población tiene empleos precarios o está directamente desempleada. El informe detalla que el subempleo inestable, sumado al desempleo, alcanza el 32%. Además, tres de cada diez hogares tuvieron dificultades para pagar servicios públicos este año, y la insuficiencia de ingresos también impactó en el acceso a medicamentos y atención médica, especialmente en sectores de bajos recursos.
Perspectivas a futuro
Aunque la caída de la inflación y la estabilidad en el empleo han moderado el aumento de la pobreza, las cifras actuales siguen siendo preocupantes. Salvia subrayó que la reducción del consumo y los ajustes en gastos fijos, como los servicios públicos, limitan la capacidad de las familias para mejorar su calidad de vida.
El informe concluye que, para superar esta crisis, es fundamental desmantelar las trampas del subdesarrollo y avanzar hacia un modelo económico inclusivo y sostenible, que priorice la creación de empleo formal y políticas que garanticen derechos básicos para todos los ciudadanos.
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