La Justicia de EE.UU. ordenó a Argentina pagar US$340 millones por la nacionalización de Aerolíneas por el kirchnerismo

Un tribunal de Columbia autorizó la ejecución de una sentencia del CIADI de 2019, que obliga a Argentina a pagar US$340 millones por la nacionalización de Aerolíneas Argentinas. Esta decisión se suma a otro fallo reciente de la jueza Loretta Preska en contra del país por la manipulación de estadísticas durante el kirchnerismo.

La Justicia de Estados Unidos ha dictaminado que Argentina deberá pagar US$340 millones en compensación por la nacionalización de Aerolíneas Argentinas. La decisión fue tomada por un tribunal de Columbia, que autorizó la ejecución de una sentencia emitida en 2019 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Este fallo se produce en el contexto de una larga disputa legal que comenzó tras la expropiación de la aerolínea en 2008, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La empresa Marsans, que era propietaria de Aerolíneas Argentinas en ese momento, llevó el caso al CIADI, alegando que la nacionalización se realizó sin una compensación justa. En 2019, el tribunal arbitral falló a favor de la empresa y estableció una indemnización de US$320 millones, que ahora, con los intereses acumulados, asciende a US$340 millones.

La semana pasada, otro revés judicial llegó desde Estados Unidos, cuando la jueza Loretta Preska emitió un fallo contra Argentina en un caso relacionado con la manipulación de estadísticas económicas durante el kirchnerismo. Este fallo también tuvo un impacto negativo en las finanzas del Estado, sumándose a la ya complicada situación económica del país.

La doble carga de estas sentencias pone a Argentina en una posición difícil, ya que enfrenta la presión de cumplir con los pagos mientras atraviesa una crisis económica interna. A su vez, estos fallos podrían afectar las futuras inversiones extranjeras, ya que generan incertidumbre sobre la seguridad jurídica en el país.

El gobierno argentino, por su parte, ha expresado su descontento con las decisiones judiciales y ha señalado que evaluará las opciones legales disponibles para intentar revertir o mitigar las consecuencias de estos fallos. Sin embargo, la situación se presenta complicada, y la necesidad de recursos para cumplir con estas obligaciones internacionales se suma a los desafíos que enfrenta el país en términos de deuda externa y estabilidad económica.