La IGJ elimina trabas burocráticas y digitaliza trámites para empresas: el adiós a requisitos que «no cumplían ninguna función útil»

En un giro hacia la desregulación, la Inspección General de Justicia oficializó la Resolución General 3/2026, que deroga artículos obsoletos, flexibiliza procedimientos y apuesta por la digitalización para reducir costos y agilizar la relación entre el Estado y el sector privado.

En un nuevo paso hacia la desregulación económica y la modernización del entramado corporativo argentino, la Inspección General de Justicia (IGJ) oficializó una reforma que promete cambiar la forma en que las empresas interactúan con el Estado. A través de la Resolución General 3/2026, el organismo eliminó requisitos burocráticos, flexibilizó procedimientos y digitalizó trámites que durante años fueron señalados por empresarios, estudios jurídicos y contadores como trabas innecesarias para hacer negocios en la Argentina.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, forma parte del proceso de reforma estatal impulsado por el Gobierno nacional y el Ministerio de Justicia. Según la propia resolución, el objetivo no es «desregular por desregular», sino remover aquellas exigencias que ya no cumplían ninguna función útil de control o que generaban costos desproporcionados para las compañías.

El diagnóstico de la IGJ: exceso de regulación y costos innecesarios

La resolución parte de una crítica estructural al esquema regulatorio previo. Hasta ahora, la IGJ se regía por la Resolución General 15/2024, un cuerpo normativo de 424 artículos, incluso más extenso que la propia Ley General de Sociedades, que cuenta con 369 artículos. Para el organismo, esa desproporción era el reflejo de décadas de acumulación normativa sin revisión crítica.

Según el diagnóstico oficial, ese modelo generaba fricciones operativas, encarecía trámites y terminaba funcionando como una barrera de acceso para la formalización empresarial. Por eso, la nueva RG 3/2026 derogó directamente varios artículos sin reemplazarlos por nuevas regulaciones, bajo el argumento de que ya no tenían utilidad práctica para el control estatal. #LaIGJDesrregulaRequisitosInútiles