La Cámara Federal de Casación reabrió el caso Hotesur-Los Sauces y ordenó que Cristina Kirchner enfrente un juicio oral

La vicepresidenta había eludido el proceso porque en noviembre de 2021 un fallo del Tribunal Oral Federal 5 -tribunal que debía juzgarla- inesperadamente la sobreseyó junto a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner.

El TOF 5 sostuvo que era claro que no había existido delito y que, por ende, no hacía falta realizar el juicio.

Hoy, los camaristas de Casación Daniel Petrone y Diego Barroetaveña dejaron sin efecto ese fallo.

En esta causa se busca determinar si la vicepresidenta recibió dinero de las empresas de Lázaro Báez y Cristóbal López como retorno por los negocios que ambos empresarios realizaron merced a sus buenas relaciones con el kirchnerismo. Báez ya fue condenado en la causa Vialidad junto con Cristina Kirchner, por haber sido favorecido con licitaciones con sobreprecios. En el caso de López, fue absuelto en el proceso de Oil Combustibles.

Los jueces que sobreseyeron a Cristina Kirchner en 2021 fueron Daniel Obligado y Adrián Grünberg. La jueza Adriana Palliotti votó en disidencia.

Cuando el fiscal Gerardo Pollicita envió a juicio el caso sostuvo que los imputados “elaboraron un sistema destinado a transferir y disimular parte de las ganancias que se encontraban en poder de los empresarios, a los propios expresidentes [en referencia a Néstor y Cristina Kirchner] y a su núcleo familiar, a través de préstamos, compra de propiedades, alquiler de los distintos complejos hoteleros de su propiedad, construcción de mejoras en dichos establecimientos y alquiler de propiedades”.

Un fallo duramente cuestionado

En su apelación del sobreseimiento de Hotesur y Los Sauces, los fiscales Diego Velasco y Mario Villar fueron durísimos al denostar el sobreseimiento dictado por Grümberg y Obligado. Velasco, fiscal ante el Tribunal Oral conformado por Obligado, Grünberg y Palliotti, habló de la “gravedad institucional” de la decisión de los dos jueces que, “con un simple análisis dogmático”, sin valorar pruebas, “devastó” años de investigación, sin posibilidad de debatir en juicio frente a la sociedad “el posible lavado de dinero llevado adelante por quienes ocuparon la Primera Magistratura de la Argentina durante más de 12 años”.

Villar, fiscal ante la Casación, por su parte, al cuestionar a los jueces, dijo que “su único norte era cerrar la causa” contra Cristina Kirchner. Señaló que el fallo fue un “capricho” que no está derivado de la lógica de lo que ocurrió en el proceso. Habló de que en el caso hay una “estructura asociativa de carácter estable y permanente, organizada en base a una clara división de roles concretamente definidos y sostenida en forma ininterrumpida cuanto menos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016, la cual tenía por objeto la comisión de múltiples delitos que permitirían apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de cuantiosas sumas de dinero del erario público”.

Señaló que sus integrantes eran Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, como jefes, mientras que como organizadores habrían tomado intervención Máximo Kirchner, Julio De Vido, José López, Carlos Santiago Kirchner, Guillermo Periotti, Alberto Sancho, Lázaro Báez, Osvaldo Sanfelice, Víctor Manzanares, Cristóbal López y Fabián de Sousa. También integrarían dicha asociación, esta vez en calidad de miembros, Florencia Kirchner, Romina Mercado (hija de Alicia Kirchner), Martín Báez, Emilio Carlos Martín, Jorge Marcelo Ludueña y Ricardo Leandro Albornoz.

Enumeró que, en una primera etapa, la organización criminal diseñó una “cuidadosa ingeniería societaria, contable y legal que sería utilizada para sustraer los fondos públicos del Estado Nacional y, posteriormente, apoderárselos mediante distintos mecanismos de lavado de dinero”.

“En una segunda etapa, la asociación habría elaborado un sistema destinado a transferir y disimular el origen ilícito de parte de las ganancias obtenidas de los empresarios Báez, López y De Sousa al patrimonio de la familia Kirchner, por medio de una serie de préstamos, compra de propiedades, alquileres de distintos complejos hoteleros de propiedad de estos últimos, la construcción de mejoras en dichos establecimientos y el alquiler de propiedades del núcleo familiar”, escribió el fiscal. Esta última parte es la que se investiga en el caso Hotesur y Los Sauces.

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