La Argentina expuso su reclamo ante el Tribunal del Mar para impedir la explotación petrolera británica en Malvinas

El Gobierno inició este martes en Hamburgo las audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para pedir medidas provisionales que frenen el proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte.

Es la primera vez que el país litiga contra el Reino Unido ante un tribunal internacional por la soberanía de las Islas. La decisión se conocerá en menos de un mes y puede ordenar suspender las perforaciones, dictar medidas intermedias o rechazar el pedido.

El Gobierno empezó este martes la defensa oral de su reclamo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, para pedir que se ordenen medidas provisionales que frenen el proyecto Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration en la Cuenca Malvinas Norte.

Las audiencias, fijadas por el presidente del Tribunal, el juez Maurice K. Kamga, se extenderán hasta el miércoles 11 de noviembre en el caso caratulado “explotación de hidrocarburos en el océano Atlántico sudoccidental (Argentina contra Reino Unido)”. Es la primera vez que el país litiga contra el Reino Unido ante un tribunal del exterior por una controversia vinculada a la soberanía sobre las Islas Malvinas.

La Argentina solicita, en los términos del artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar) de 1982, que el Reino Unido impida el inicio o la continuación de la explotación de hidrocarburos en la plataforma continental de la Cuenca Norte de Malvinas y se abstenga de utilizar en su contra la información obtenida durante la exploración.

Se trata de un procedimiento de urgencia: no se discute el fondo de la soberanía, sino si corresponde proteger los derechos invocados por la Argentina y evitar un daño grave e irreparable al medio marino mientras se constituye el tribunal arbitral que deberá resolver la controversia. Concluidas las audiencias de ambas partes, el Tribunal deberá resolver en un plazo máximo de un mes.

Qué es Sea Lion, el proyecto en disputa

Sea Lion es un yacimiento offshore ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas, a 450 metros de profundidad, que de avanzar sería el primero en producir crudo en aguas cercanas al archipiélago.

Es una iniciativa conjunta de la israelí Navitas Petroleum, operadora con el 65% del negocio, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante. Rockhopper había anunciado el hallazgo en mayo de 2010 y Navitas ingresó en 2020. En diciembre de 2025 ambas tomaron la Decisión Final de Inversión, el paso que en la industria certifica la viabilidad técnica y financiera del proyecto.

Los números explican la urgencia argentina: reservas probadas y probables por 314 millones de barriles, inversión de USD 1.800 millones hasta el primer crudo previsto para marzo de 2028 más otros USD 2.100 millones para el resto de una explotación proyectada a 30 años.

El plan es por fases: la Fase 1 en el Área de Desarrollo Norte prevé 11 pozos submarinos conectados a una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO) para producir 50.000 barriles diarios; le seguirían otros 12 pozos en la Fase 2, y el desarrollo del Área Central con 20 pozos hacia fines de 2030 más otros 18 pozos. En total, más de 60 pozos submarinos.

El argumento argentino: explotación unilateral e ilegal

Para la Cancillería, se trata de una explotación “unilateral” e “ilegal”, sin permisos de la autoridad argentina competente, contraria a la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de la ONU y concordantes, que instan a no introducir modificaciones unilaterales mientras continúe la disputa de soberanía.

“El objetivo es preservar los derechos soberanos argentinos sobre su plataforma continental y evitar que las actividades autorizadas de manera unilateral e ilegal por el Reino Unido agraven la controversia reconocida por las Naciones Unidas”, sostuvo la Oficina del Presidente al anunciar la presentación.

El canciller Pablo Quirno precisó que se pidió que Londres “impida el inicio o la continuación de la explotación” y no use la información geológica obtenida en perjuicio de la Argentina.

El reclamo judicial es la punta de una ofensiva más amplia anunciada por el presidente Javier Milei en cadena nacional: la Cancillería envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en proyectos en Malvinas, y el Ejecutivo reglamentó la Ley 26.659 que sanciona la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin autorización para acelerar los procedimientos sancionatorios, con declaraciones juradas obligatorias en trámites hidrocarburíferos y en el RIGI.

Londres responde: “derecho a desarrollar sus recursos”

El Reino Unido rechaza la competencia del Tribunal para intervenir en la disputa. Tras la presentación argentina, el ministro de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, afirmó que “los habitantes de las Islas Malvinas tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como mejor les parezca” y anunció nuevas medidas bajo la legislación de Protección de Intereses Comerciales para proteger a personas y empresas frente a las “amenazas argentinas”.

Quiénes representan a la Argentina

La comitiva oficial está encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, y la integran el consejero legal de la Cancillería, el embajador Mario Oyarzábal, que actuará como agente; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación, y la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca.

La presentación fue preparada por los equipos jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, Economía y la Procuración del Tesoro.

La defensa suma además a tres especialistas internacionales. Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del propio Tribunal, que representó al país en el caso de la fragata Libertad, cuando en 2012 el organismo ordenó liberar el buque como medida provisional. Lo acompañan Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, y Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra.

Qué puede decidir el Tribunal y qué antecedentes hay

El TIDM es el órgano judicial independiente creado por la Convemar para resolver controversias marítimas entre Estados. Lo primero que deberá definir, explican los especialistas, es si es competente prima facie, es decir, si un tribunal arbitral podría entender en el fondo, si los derechos invocados son plausibles y si hay riesgo de daño irreparable.

Fuente: IB