Juramento libre o sanción del 50%: ¿una medida para frenar juramentos “personalizados”?

La diputada Nancy Picón presentó un proyecto para descontar de forma permanente el 50% del sueldo a funcionarios que juren sus cargos fuera de las fórmulas legales, buscando eliminar juramentos “personalizados” que proliferan cada 10 de diciembre.

Una propuesta silente pero de alto impacto podría redefinir una tradición política: descontar de manera permanente el 50% del sueldo a funcionarios que juren sus cargos por fuera de las fórmulas establecidas por la ley. La iniciativa, presentada por la diputada nacional por San Juan Nancy Picón, alineada al gobierno de Marcelo Orrego, apunta a terminar con los juramentos “personalizados” que suelen celebrarse cada 10 de diciembre y que, según la legisladora, responden a figuras políticas, causas o consignas ideológicas.

La propuesta alcanza a funcionarios de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y busca establecer un marco de cumplimiento más estricto para evitar juramentos que, según su visión, distorsionan la solemnidad del acto y las obligaciones institucionales. En su fundamentación, Picón sostiene que la integridad de la función pública requiere que los juramentos se hagan conforme a la normativa vigente, sin interpretaciones que favorezcan intereses particulares.

El texto aún depende de su tratamiento en las comisiones y, en caso de avanzar, podría generar un debate intenso sobre libertad política, responsabilidad institucional y mecanismos de control salarial. Diputados y analistas destacan que la medida, si bien agresiva en su sanción, podría incentivar una mayor rigurosidad en la lealtad institucional y la transparencia.

Críticos de la iniciativa argumentan que una penalización económica tan severa podría no abordar las causas subyacentes de las eventuales discrepancias en los juramentos y podría abrir un frente de confrontación política. Defensores, en cambio, sostienen que una norma clara y disuasiva sería un paso concreto para evitar interpretaciones ambiguas que erosionen la confianza pública.

De aprobarse, la norma requeriría un marco interpretativo preciso para evitar usos arbitrarios y garantizar que la aplicación se haga de manera equitativa y acorde a derechos laborales y constitucionales. En paralelo, otros actores políticos y sociales piden que cualquier regulación de este tipo se complemente con pautas de transparencia y rendición de cuentas para todos los funcionarios. #IniciativaDeLaDiputadaNanciPicón

Fórmula para la jura de los Diputados y Senadores de Argentina.