Intendentes de Jáchal y Angaco frente a nuevas denuncias: entre investigaciones y un probable cambio de época judicial

 Investigaciones en curso contra el intendente de Jáchal, Matías Espejo, y el de Angaco, José Castro, reavivan el debate sobre el alcance de la justicia local en un contexto político del PJ en San Juan.

La provincia de San Juan vive un momento de titulares judiciales que involucran a dos intendentes del Partido Justicialista (PJ) y que, a la vez, señalan posibles cambios de rumbo en la interpretación y aplicación de la justicia vernácula. En Jáchal, el intendente Matías Espejo y varios de sus funcionarios fueron denunciados ante la Justicia Penal por dos concejales, mientras que en Angaco, el jefe comunal José Castro deberá enfrentar un juicio que fue suspendido y que, en las últimas horas, volvió a la agenda de los tribunales tras una nueva denuncia.

En Jáchal, la denuncia presentada por los concejales Gema Casas y Felipe Tañez acusa a Espejo y a algunos de sus colaboradores de presuntos delitos que van desde incumplimiento de deberes de funcionario público hasta peculado y administración fraudulenta. La denuncia destaca la contratación de una empresa de vigilancia para la Fiesta Nacional de la Tradición y cuestiona la legalidad y legitimidad de ciertos procesos de contratación, así como la gestión de fondos y de personal. La presentación fue recibida por el fiscal y avanza en el marco de una investigación que ya incluye informes policiales y expedientes contravencionales vinculados a eventos municipales.

Paralelamente, en Angaco, José Castro encara un proceso judicial por presuntos hechos de malversación y otros delitos asociados a su gestión. Tras años en los que la Justicia desaceleró el juicio, una denuncia de oficio de la fiscal a cargo apoyada por la decisión de tres concejales, reconfiguró el escenario: se dictaminó que Castro y los concejales avalaron un acuerdo de reparación por cinco millones de pesos destinado a Cáritas, con la intención de eludir el proceso penal. Las autoridades judiciales señalan que dicha maniobra supondría una extrapolación de facultades propias del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial, lo que ha generado preocupación sobre posibles pactos o mecanismos de impunidad entre el Ejecutivo y la mayoría del Concejo Deliberante.

La fiscal de cámara Silvina Gerarduzzi subrayó que la actuación del intendente y de los ediles involucra atribuciones no correspondientes y calificó el acuerdo como un hecho institucional grave. Tras evaluar el caso, el tribunal decidió posponer el inicio del debate hasta obtener la postura formal del Ministerio Público Fiscal. En paralelo, la denuncia penal contra Castro y los concejales involucrados se mantiene como parte de un marco de investigaciones que buscan esclarecer posibles irregularidades en la gestión municipal.

A la espera de avances, este episodio plantea preguntas sobre la gobernabilidad, la transparencia y la independencia de los poderes en el ámbito municipal de San Juan. Expertos advierten que, más allá de las denuncias, el efecto real dependerá de la contundencia de las pruebas y de la capacidad de las distintas instituciones para actuar con autonomía.

Para más detalles sobre las causas, fechas de audiencias y la evolución de las investigaciones, las autoridades recomiendan consultar los comunicados oficiales de las fiscalías y los fallos judiciales disponibles en la justicia penal y de paz de cada departamento. #DenunciasParaDosIntendentesSanjuaninos

Fuente: El País Diario