Gobierno nacional propone reforma penal integral: nueve nuevos delitos y endurecimiento de penas en cuatro áreas críticas

El proyecto incluye figuras inéditas como “viudas negras”, “salideras bancarias” y “picadas”, además de mayores sanciones para abuso sexual infantil, grooming, incumplimiento alimentario y actividades de “trapitos”. La iniciativa busca actualizar la respuesta penal a fenómenos sociales emergentes, aunque aún no se ha dado a conocer su fundamentación técnica ni su articulación con los cuerpos normativos existentes.

El Poder Ejecutivo presentó un anteproyecto de reforma al Código Penal argentino que introduce cambios estructurales en dos ejes: la creación de nuevas figuras delictivas y el aumento de penas en delitos ya tipificados. Entre las novedades más destacadas figuran nueve delitos propuestos por primera vez en la legislación nacional, cada uno con denominación coloquial que alude a patrones conductuales identificados por las fuerzas de seguridad y el sistema judicial.

Se prevé la incorporación de los delitos de “viudas negras” —referido a personas que inducen, facilitan o aprovechan la muerte de cónyuges o convivientes para obtener beneficios económicos—; “salideras bancarias”, para quienes organizan y lideran fugas masivas de clientes durante crisis financieras con fines especulativos o de desestabilización; y “picadas”, tipificado como asociación ilícita destinada a la realización de carreras clandestinas en vías públicas con alto riesgo para terceros.

Además, el anteproyecto establece un endurecimiento sistemático de las penas en cuatro áreas prioritarias:

1. Abuso sexual infantil: ampliación de los supuestos agravados y reducción de umbrales para la aplicación de penas mínimas obligatorias;
2. Grooming: tipificación autónoma con pena independiente de los delitos posteriores de explotación o abuso;
3. Incumplimiento alimentario: conversión en delito de acción pública (sin necesidad de denuncia previa) y elevación de la pena máxima a ocho años de prisión;
4. Actividad de “trapitos”: sanción específica para la intermediación ilegal en tráfico de drogas, con énfasis en la responsabilidad de quienes coordinan redes de distribución de bajo nivel sin participación directa en el comercio.

La iniciativa aún no ha sido remitida formalmente al Congreso de la Nación ni se ha publicado su texto completo. Fuentes oficiales indicaron que el proyecto está en etapa de revisión interministerial y será acompañado por un informe técnico-jurídico que sustente su conformidad con los principios de legalidad, taxatividad y reserva absoluta en materia penal. #ReformaIntegralDeCódigoPenal