Gobierno denuncia graves irregularidades en el programa de becas «Progresar»: posible fraude millonario y falta de control

El Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Pettovello, ha presentado una denuncia judicial por presuntas irregularidades en el programa de becas «Progresar», financiado con un préstamo internacional de 341 millones de dólares. Se desconoce el destino de los fondos y se investiga la posible malversación, mientras se señala la falta de control en el manejo de los recursos.

El Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, ha presentado una denuncia impactante ante la justicia por graves irregularidades en el programa de becas «Progresar», que se financiaba con un préstamo internacional de 341 millones de dólares. Según la denuncia, el Gobierno de Alberto Fernández otorgó estas becas sin realizar ningún tipo de control, lo que ha generado incertidumbre sobre el destino de los fondos y si realmente beneficiaron a los estudiantes más vulnerables.

La denuncia, respaldada por una auditoría de la Sindicatura General de la Nación, apunta a presuntos delitos de «incumplimiento de deberes de funcionario público» y «fraude a la administración pública». Se destaca la ausencia de control en el otorgamiento de las becas, la falta de documentación que respalde los beneficiarios y la imposibilidad de trazar el destino final de los fondos.

El préstamo internacional, otorgado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), fue destinado específicamente al programa de becas «Progresar». Sin embargo, tanto la auditoría interna como la SIGEN han concluido que no es posible determinar a dónde fue a parar la totalidad del dinero, lo que sugiere un posible fraude millonario en perjuicio del erario público.

Desde el Ministerio de Capital Humano califican estas irregularidades como «burdas» y advierten sobre la gravedad de desviar fondos destinados a la educación de los estudiantes más necesitados. Se espera que la investigación judicial arroje luz sobre este caso y que se tomen las medidas necesarias para asegurar la transparencia en la gestión de los programas sociales del Estado.