El Gobierno nacional tomó una decisión que impacta directamente en el sistema de salud y la financiación de las obras sociales. A través del Decreto 355/2024, publicado recientemente, se dispuso reducir el Subsidio de Mitigación de Asimetrías (SUMA), un subsidio que complementa la financiación de estas entidades.
A partir del 1 de mayo, el SUMA se calculará sobre el 3% de la recaudación mensual correspondiente a los aportes y contribuciones, en lugar del 5% actual. Además, se modificó la forma de distribuir este subsidio: ahora se repartirá de manera directamente proporcional al número de afiliados de cada obra social, en lugar de un reparto igualitario del 20% y proporcional del 80%.
¿Qué significa esto en términos prácticos? Según el Gobierno, esta medida busca corregir distorsiones e inequidades en la distribución de recursos, promoviendo un sistema de salud más justo, equitativo y eficiente. Sin embargo, algunos críticos señalan que esta reducción podría afectar la calidad de los servicios de salud ofrecidos por las obras sociales, especialmente aquellas con menor cantidad de afiliados.
Además, se eliminó un artículo que establecía un límite mínimo y máximo al subsidio para las obras sociales con más de 50.000 afiliados, considerado por el Gobierno como un factor regresivo en la distribución de recursos.
Estos cambios se enmarcan en la política de desregulación económica promovida por el Gobierno, con el objetivo de reconstruir la economía argentina. Sin embargo, queda por ver cómo impactarán en la prestación de servicios de salud y en el acceso de la población a la atención médica.
En resumen, esta medida genera debates y preocupaciones sobre el futuro del sistema de salud en Argentina y el acceso de los ciudadanos a servicios de calidad.
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