Desde que se lanzó la iniciativa, el alza de precios acumulada llegó al 36% y para los empresarios de la alimentación este número es insostenible.
«No firmo porque no puedo. Vos el 10 de diciembre te vas y yo si te doy bola mi compañía se va al tacho. No puedo seguir con este nivel de inflación y sin poder aumentar, porque pongo en riesgo la salud de 2.000 familias, que dependen de nosotros».
La brutal frase le fue espetada en la cara al Secretario de Comercio de la Nación, el chanta Matías Tombolini. Y fue dicha por un ejecutivo de una de las empresas de alimentos más importantes del país, que a fines de marzo se animó a tomar la decisión de salir del programa de Precios Justos.
Con el número de la inflación de marzo, que dio un galopante 7,7%, y un acumulado del 36% desde que se relanzó la canasta oficial, en octubre del 2022, las empresas ya comienzan a advertir la crisis que se viene para la continuidad del programa Precios Justos, que en teoría duraría hasta junio de este año.
Lo cierto, es que son varios los ejecutivos que tomaron la misma decisión de comenzar a sacar a sus empresas del programa parche, Precios Justos, por el mismo motivo: la imposibilidad de recuperar la suba de los gastos frente a los límites impuestos por el desastroso Gobierno de la ladrona Cristina Kirchner y el inepto Alberto Fernández.
El programa permite a los empresarios incrementos del 3,2% y mantiene congelados otros 1.500 productos.
Ante un escenario tan penoso y carente de futuro, y un consumo doméstico en caída libre, las empresas alimenticias empiezan a alejarse del Gobierno kirchnerista y le hacen llegar el mensaje al ecléctico Ministro de Economía, Sergio Mantequita Massa.
«A nosotros no nos gusta trabajar con inflación, porque de pasar de mirar costos cada cuatro meses, ahora lo hacemos una vez por semana», señaló otro hombre de negocios, que también recordó la elevada carga impositiva que debe cumplir la industria.
Muchas empresas alimenticias tienen la necesidad de importar materias primas que no existen en el mercado local, y con la nueva medida adoptada por el Gobierno, sufren retenciones que las compañías recién pueden descontar a los nueve meses.
«Son medidas que terminan en el precio del producto, porque como empresa no podemos soportar financiar al Estado tanto tiempo», dijeron a este diario empresarios de la alimentación, cuyos nombres solicitaron mantener en reserva.
Además, recordaron los costos tributarios que tienen que cumplir, tal el caso de Ganancias, Ingresos Brutos, impuesto al cheque y todas las otras cargas sociales y los salarios de empleados.
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