ELEVA: Contradicciones manifiestas, trámite tardío y presunto vínculo en caso cuestionado

El Centro de Capacitación ELEVA, dirigido por Liliana Belbruno, se habría presentado públicamente desde el año 2023 sosteniendo contar con aval ministerial, personería jurídica vigente y certificaciones oficiales de alcance nacional e internacional.

Sin embargo, la documentación recabada por Diario San Juan 19 desnudaría una serie de contradicciones y fechas irrefutables que desmentirían cada afirmación:

• 30 de abril de 2026: Recién habría ingresado la presentación formal por mesa de entradas de la provincia.
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• 4 de mayo de 2026: El expediente habría arribado a la Dirección de Educación Privada del Ministerio de Educación.
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• Respuesta oficial: La institución no formaría parte del sistema educativo provincial ni habría contado con autorización previa entre 2023 y 2026.

Un discurso cambiante según la conveniencia

Ante la evidencia documental y las propias publicaciones de la entidad, la versión institucional habría mutado en forma sucesiva y discordante:

1. Afirmaron categóricamente poseer aval ministerial para todos sus cursos, tal como se difundió en espacios públicos y redes sociales desde febrero de 2023, ofreciendo propuestas como formación de explodivistas, cuidados infantiles y cosmetología bajo ese respaldo oficial.

2. Al ser cuestionados: alegaron que no necesitarían aval por tratarse de una formación privada, no terciaria ni universitaria.
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3. Luego: indicaron que el trámite administrativo se encontraría en proceso.
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4. Finalmente: reconocieron que solo entregarían certificaciones privadas, carentes de validez oficial estatal.

El caso Algarilla y los interrogantes sobre la estructura institucional

La investigación establecería que ELEVA habría sido el espacio que más habría promocionado y validado públicamente a Daniel Algarilla, quien habría sido cuestionado por la Justicia y denunciado por alumnos al hacerse pasar por docente con una titulación que no le correspondería y dictar cursos en ámbitos como la Morgue Judicial del Hospital Dr. Marcial Quiroga.

Se plantean interrogantes esenciales: ¿La presunta estafa recaería solo en la figura individual de Algarilla, o también sería atribuible a la institución que le habría brindado plataforma, respaldo y apariencia de legitimidad? Los estudiantes se habrían inscrito confiando en la estructura y nombre de ELEVA, más allá de quien dictara las clases.

¿Cómo es posible que una entidad que se presenta como seria y profesional no habría verificado la currícula, títulos ni autorizaciones de quienes presenta como docentes idóneos? ¿Bastaría la etiqueta de “centro privado” para omitir controles mínimos y exponer la confianza de las personas?

Toda la documentación probatoria y las evidencias recabadas ya se encuentran en manos de la Justicia.

Esta publicación constituye solo un avance de la investigación. Se advierte que hay mucha más información, hechos y detalles relevantes por revelar sobre el funcionamiento y trayectoria de esta institución y su directora.

Seguiremos informando y exponiendo la verdad respaldada en pruebas, sin desviarnos del objetivo de transparencia y responsabilidad