El Gobierno impulsa el proyecto de Ficha Limpia y busca aplicarlo también al Gabinete

Una comisión trabaja para que la iniciativa se debata pronto en el Congreso. Desde la administración de Milei aseguran que el proyecto no tiene como objetivo inhabilitar a la ya doblemente condenada, Cristina Kirchner para futuras candidaturas.

El Gobierno de Javier Milei avanza en la preparación de un proyecto de ley para implementar la Ficha Limpia, una medida que busca impedir que personas condenadas por corrupción u otros delitos graves puedan ocupar cargos públicos. La iniciativa, que ya está siendo trabajada por una comisión especializada, podría llegar al Congreso en las próximas semanas.

Extensión al Gabinete

Una de las novedades del proyecto es su alcance, que no se limitaría únicamente a los cargos electivos. El Gobierno planea que Ficha Limpia se aplique también a los nombramientos en el Gabinete y otros puestos clave de la administración pública, buscando garantizar mayor transparencia en todas las áreas de gestión.

¿Qué implica Ficha Limpia?

El concepto de Ficha Limpia se centra en la inhabilitación de personas condenadas en segunda instancia por delitos como corrupción, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, entre otros, para postularse o ejercer funciones públicas. Esta legislación ya existe en varios países de la región y es respaldada por organizaciones de la sociedad civil en Argentina.

Sin intenciones políticas, aseguran

Desde el entorno presidencial aseguran que el proyecto no tiene un objetivo político ni busca afectar a la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien enfrenta varias causas judiciales. “Esto no es contra una persona en particular. Es una política de Estado para elevar los estándares éticos en la política”, señaló un funcionario del Gobierno.

Debate en puerta

El proyecto de Ficha Limpia promete generar un amplio debate en el Congreso, donde ya se anticipan posturas encontradas. Mientras sectores del oficialismo y la oposición moderada ven con buenos ojos la iniciativa, otros consideran que podría ser utilizada con fines políticos o discriminatorios.

El Gobierno espera que el tratamiento de esta ley marque un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción y la recuperación de la confianza ciudadana en las instituciones públicas. Según fuentes oficiales, el proyecto podría ser presentado formalmente a mediados de enero, buscando generar consenso en ambas cámaras legislativas.