El exlegislador, investigado por corrupción, presentó un amparo ante la Justicia para anular la sesión que lo expulsó, argumentando que fue irregular debido a la ausencia de Javier Milei y el rol de Victoria Villarruel como presidenta en ejercicio.
El exsenador Edgardo Kueider, quien enfrenta investigaciones por presuntos actos de corrupción, solicitó a la Justicia que declare nula la sesión del Senado en la que fue expulsado de su cargo. Además, pidió la restitución de su banca argumentando que la sesión estuvo viciada de irregularidades.
Kueider presentó un amparo ante la Cámara Contencioso Administrativo, donde sostiene que la sesión en cuestión debería considerarse inválida porque la presidenta provisional del Senado, Victoria Villarruel, actuó como titular del Poder Legislativo mientras ejercía temporalmente el Poder Ejecutivo debido a una gira internacional del presidente Javier Milei.
Según su planteo, esta situación habría afectado la legalidad del procedimiento, ya que Villarruel no estaba habilitada para dirigir el Senado en ese contexto.
Contexto de la expulsión
El exsenador fue expulsado tras una votación mayoritaria que tuvo como fundamento su vinculación con actos de corrupción durante su mandato. La medida fue respaldada por oficialistas y opositores, quienes consideraron su permanencia como «incompatible con los principios éticos que rigen la función pública».
Sin embargo, Kueider calificó el proceso como una maniobra política, asegurando que la investigación en su contra carece de fundamentos sólidos y que su destitución responde a intereses partidarios.
Qué puede pasar ahora
El recurso de amparo presentado por Kueider abre un nuevo capítulo en esta disputa. Si la Justicia decide intervenir y acepta los argumentos del exlegislador, el Senado podría enfrentarse a la posibilidad de revisar la decisión tomada en su contra.
Mientras tanto, la Cámara Alta se mantiene firme en la defensa de su accionar, argumentando que todas las medidas adoptadas cumplieron con los procedimientos legales establecidos.
Este caso genera un nuevo debate en torno a la transparencia y la legitimidad en los procedimientos legislativos, en medio de crecientes tensiones políticas en el ámbito nacional.
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