La Cámara de Casación de Entre Ríos dispuso el traslado del exmandatario, condenado a ocho años de prisión en 2022 por negociaciones incompatibles con la función pública.
El fallo lo encontró culpable de haber incurrido en negociaciones incompatibles con la función pública durante su mandato. Según los informes judiciales, el exfuncionario habría favorecido contrataciones y manejos irregulares que causaron un importante perjuicio económico al Estado provincial.
El traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y fue registrado por medios locales, mostrando el momento en que el exmandatario ingresaba al establecimiento penitenciario. Este caso se suma a la creciente lista de políticos investigados y condenados por corrupción en el país, lo que ha generado un amplio debate sobre la transparencia en la gestión pública.
La condena representa un mensaje contundente por parte de la justicia entrerriana, que busca combatir la impunidad en los casos de corrupción y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.
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