La Corte Suprema dejó firmes las condenas por corrupción contra el exgobernador de Entre Ríos, Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera. Urribarri deberá cumplir ocho años de prisión, mientras que los otros dos condenados recibieron penas de seis años y seis meses.
La Justicia de Entre Ríos avanzó con la detención del exgobernador Sergio Daniel Urribarri, el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Ángel Báez y Juan Pablo Aguilera, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firmes sus condenas en la denominada Megacausa por hechos de corrupción.
El máximo tribunal resolvió el 3 de septiembre de 2026 desestimar los recursos extraordinarios presentados en el expediente y, de esta manera, quedaron firmes las condenas dictadas originalmente por la Justicia entrerriana. La Corte aplicó el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para declarar inadmisibles los planteos.
Las penas contra Urribarri, Báez y Aguilera
Sergio Urribarri fue condenado a ocho años de prisión de cumplimiento efectivo, además de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y una multa.
La sentencia lo responsabilizó por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado, relacionados con distintas maniobras investigadas durante sus gestiones al frente de la provincia de Entre Ríos.
Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera, por su parte, recibieron cada uno una pena de seis años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, junto con la inhabilitación absoluta perpetua y una multa. Ambos fueron considerados partícipes primarios en hechos encuadrados como negociaciones incompatibles con la función pública y peculado.
¿Qué investigó la causa?
La investigación estuvo centrada en distintas operaciones realizadas durante las gestiones de Urribarri como gobernador, entre 2007 y 2015, particularmente en torno al manejo de fondos públicos y contrataciones de publicidad oficial.
Según la sentencia, se acreditó un mecanismo mediante el cual se habrían direccionado fondos públicos hacia empresas vinculadas a Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri, aunque formalmente figuraban a nombre de terceras personas.
La causa estableció además que entre enero de 2010 y septiembre de 2015 se realizaron 143 operaciones que provocaron un perjuicio económico calculado en más de $12 millones para las arcas provinciales, de acuerdo con la investigación judicial.
Los hechos fueron encuadrados principalmente en los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública, considerados por los tribunales como parte de distintas maniobras relacionadas con contrataciones y utilización de recursos estatales.
La decisión de la Corte cerró la instancia extraordinaria
Antes de la intervención de la Corte Suprema, las defensas habían presentado distintos recursos para intentar revertir las condenas. Sin embargo, el máximo tribunal desestimó los recursos extraordinarios y dejó firme la sentencia.
La decisión también alcanzó a otros condenados de la causa, entre ellos Corina Cargnel, Gerardo Caruso, Luciana Almada, Emiliano Giacopuzzi y Gustavo Tamay, aunque en esos casos las penas de prisión eran de ejecución condicional.
Con la condena firme, la Justicia entrerriana ordenó la detención de quienes tenían penas de cumplimiento efectivo.
Detención y traslado a la Unidad Penal Nº 1
Pedro Báez fue el primero en ingresar a la Alcaidía de Tribunales de Paraná, pasadas las 21.30 del viernes. Posteriormente fue detenido Juan Pablo Aguilera, quien se encontraba en la Jefatura Departamental de San Salvador.
Urribarri fue detenido en su domicilio de Concordia y trasladado durante la madrugada hacia Paraná. Los tres pasaron la noche en la Alcaidía y durante este sábado serán derivados a la Unidad Penal Nº 1 de Paraná, donde deberán comenzar a cumplir sus respectivas condenas.
De esta manera, después de más de cuatro años desde la sentencia original de abril de 2022 y tras el recorrido de distintas instancias judiciales, las condenas contra Urribarri, Báez y Aguilera adquirieron firmeza y comenzó la etapa de ejecución de las penas de prisión efectiva.
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