La defensa ofreció tres testigos para derribar la última denuncia contra Bustos: una mujer, el reo y un familiar del denunciante.
La Defensa del sacerdote Walter Bustos contraatacó ayer con munición gruesa en la última causa que lo tiene complicado: ofreció tres testigos para intentar probar que, en la última denuncia por abuso sexual contra su cliente, hubo un pago para sobornar al denunciante que señaló al religioso como la persona con la que tuvo al menos dos episodios de sexo consentido, en Valle Fértil, cuando tenía apenas 15 años durante el año 2017.
Esos testigos son una mujer que en algún momento estuvo ligada a uno de los tres hermanos que acusaron al religioso por abuso en agosto de 2018, causa por la que el 30 de mayo pasado le impusieron 1 año y 8 meses por el delito de abuso simple contra el menor de esos jóvenes. El conocido preso Ramón Roque Escudero, condenado a perpetua por el crimen del ex campeón sudamericano de patín carrera Antonio González, asesinado de un tiro en la frente en sus oficinas de Libertador 676 Oeste, en Capital, la noche del 1 de julio de 2011. Y un familiar del joven que asegura haber tenido sexo con el cura.
La versión que instalarían esos testigos es prácticamente la misma: el pago de algún soborno al joven que denunció al cura el pasado 2 de mayo, para declarar que tuvo sexo con él y así perjudicarlo.
En teoría, la mujer declarará (como ya lo hizo en el último juicio) que escuchó eso de uno de los hermanos que acusaban al cura, señalándolo también como presunto autor del pago. «Ramoncito» también diría que escuchó eso de boca de un familiar del denunciante quien, a su vez, diría que escuchó ese relato del propio joven que apuntó contra el sacerdote, indicaron fuentes judiciales.
Luego de un fuerte cruce entre la defensora Sandra Leveque con el fiscal de la UFI CAVIG, Mario Panetta Sopelsa, y la ayudante fiscal Victoria Recio (se opusieron a incorporarlos) el juez de Garantías, Diego Manuel Sanz, resolvió admitir las declaraciones de esos testigos con la modalidad que, de alguna manera, aceptaron las partes: la mujer atestiguará en Fiscalía y la defensa podrá tomarles declaración a los otros dos para después pedir incorporar esos dichos al caso, precisaron fuentes judiciales.
Por esa causa, el sacerdote cumple 45 días de prisión preventiva que, días atrás, le dictó el juez Sanz. Ayer, el magistrado se opuso (en sintonía con Fiscalía) a sustituir la modalidad de ejecución de esa medida, para que deje de estar en la seccional 2da y pase a su casa o la cumpla con un dispositivo electrónico.
En su resolución, el magistrado consideró que el peligro de que el religioso obstaculice la investigación o se dé a la fuga aún sigue en pie, más todavía luego de haber recibido una condena por abuso días atrás en la otra causa.
Además, entendió que la defensa ya tiene habilitada la vía para recurrir ante un Tribunal de Impugnación que revisará si debe o no cesar la prisión preventiva del sacerdote.
Fuente: Diario de Cuyo
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