Amenaza de bomba en la Escuela Boero: dos estudiantes deberán pagar $4 millones y hacer tareas comunitarias

El operativo de evacuación y seguridad por una falsa alarma dejó una factura millonaria, que será cubierta por los responsables. La Justicia optó por un acuerdo de probation con medidas reparadoras.

Dos jóvenes de la Escuela Técnica Rogelio Boero enfrentarán una suspensión de juicio a prueba, conocida como probation, luego de realizar una falsa amenaza de bomba que obligó a la evacuación del establecimiento el pasado miércoles 30 de julio. El llamado al 911 desató un operativo de emergencia que involucró a varias fuerzas de seguridad, cuyo costo estimado fue de $4 millones.

El hecho

El miércoles 30 de julio, alrededor de las 11:35 de la mañana, la escuela vivió momentos de tensión tras recibir un llamado al 911 alertando sobre la presencia de un artefacto explosivo en el establecimiento. La comunicación, realizada desde el aula de séptimo año de Electromecánica, generó la inmediata evacuación de más de 1.600 estudiantes y 400 docentes, junto con un intenso rastrillaje que se extendió por más de dos horas. No se hallaron explosivos, pero el operativo fue evaluado en un alto costo económico para la provincia.

La investigación y el acuerdo judicial

Gracias a la geolocalización de las llamadas, la Fiscalía logró identificar a los dos responsables: Ricardo Joaquín Barassi (18) y Juan Paulo Ferreyra Castro (15), quienes se encontraban en el aula cuando se efectuaron las alertas. Uno de ellos utilizó el celular de su compañero, el cual pertenece a la madre de este último, para realizar tres llamadas al servicio de emergencia, siendo la tercera la que fue atendida.

La Fiscalía General, representada por Daniela Pringles, formalizó el cargo de intimidación al orden público y propuso una probation como alternativa al juicio. En el acuerdo, los imputados deberán cumplir con una serie de medidas compensatorias:

1. Pago de $2 millones por cada uno: un total de $4 millones, a ser abonados en seis cuotas de aproximadamente $333.000 cada una, con vencimiento en los próximos seis meses.
2. 24 horas de trabajo comunitario: a realizar en sus respectivas jurisdicciones durante los próximos tres meses.
3. Curso de concientización sobre explosivos: que deberán tomar con el Cuerpo de Bomberos de la Policía de San Juan, con entrega de certificado al finalizar.

Si los acusados no cumplen con estas condiciones, el proceso penal se reactivará, lo que podría derivar en un juicio convencional.

Repercusiones y antecedentes

Este tipo de casos, que afectan a la seguridad pública y movilizan recursos del Estado, ha generado un debate en la sociedad sanjuanina sobre las consecuencias de las falsas amenazas. El Ministerio Público Fiscal ha adoptado una postura firme en la aplicación de sanciones económicas y medidas restaurativas, tal como ocurrió en otros incidentes recientes, como una falsa amenaza en el Hospital Rawson.

Los directivos de la Escuela Boero, por su parte, expresaron su sorpresa por el origen de la amenaza, ya que nunca imaginaron que la alarma provendría de dentro del propio establecimiento. A pesar de la situación, destacaron que los protocolos de evacuación y seguridad funcionaron de manera eficiente, garantizando la seguridad de los alumnos y docentes.

El impacto social y educativo

El caso no solo refleja las consecuencias de un acto irresponsable por parte de dos jóvenes, sino que también subraya la importancia de educar en valores y responsabilidad cívica. En este sentido, la probation también incluye un enfoque pedagógico, dado que los imputados deberán participar en un curso que busca sensibilizarlos sobre el impacto de sus acciones y sobre el peligro que implica generar una alarma falsa en una comunidad educativa.

A partir de este incidente, la comunidad educativa de la Escuela Boero se encuentra en alerta, pero también con la esperanza de que situaciones como estas no se repitan. Además, el caso ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los recursos del Estado frente a actos malintencionados.

Conclusión

Las falsas amenazas de bomba, aunque en este caso no resultaron en daños físicos ni materiales, generan un impacto psicológico en la comunidad escolar y una carga económica significativa. La decisión de la Justicia de aplicar una probation con medidas reparadoras busca equilibrar el daño causado y al mismo tiempo proporcionar una oportunidad de rehabilitación para los jóvenes involucrados. Sin embargo, el caso deja en claro la importancia de sancionar adecuadamente este tipo de conductas y de seguir educando sobre los riesgos de las falsas alarmas.