Allanaron la casa de la dirigente social Fernanda Miño y Juan Grabois acusa al Gobierno: “Están cruzando una línea roja más”

Juan Grabois denunció el violento allanamiento en la casa de Fernanda Miño, exresponsable del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), en el marco de una investigación por el robo de una moto. El dirigente de la UTEP criticó al Gobierno por lo sucedido, mientras que la auditoría sobre el FISU aún no ha hallado pruebas de corrupción evidentes.

En medio de una creciente tensión, la casa de la dirigente social Fernanda Miño fue allanada por las fuerzas de seguridad, en el marco de una investigación relacionada con el robo de una motocicleta. La dirigente, exresponsable del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), fue supuestamente golpeada por los uniformados, lo que generó una fuerte reacción del dirigente de la UTEP, Juan Grabois, quien calificó el hecho como «un cruce de línea roja más» por parte del Gobierno nacional.

Fernanda Miño había estado bajo el escrutinio del Gobierno a principios de año, cuando se llevó a cabo una auditoría sobre el Fondo de Integración Sociourbana, un fideicomiso que ella gestionaba y que destinaba miles de millones de pesos a obras de infraestructura en barrios vulnerables. La auditora no encontró, hasta el momento, evidencia clara de actos de corrupción, aunque Miño fue imputada en una causa federal por presuntas irregularidades en la gestión de dichos fondos.

Como titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Hábitat, Miño también tenía a su cargo el Registro Nacional de Barrios Populares, en conjunto con el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) como fiduciario del FISU. Según datos oficiales, desde la creación del fondo, se financiaron 1.278 obras de integración en barrios populares, beneficiando a 5.060 asentamientos y realizando 6.517 intervenciones por un valor de casi 500 mil millones de pesos. La mayoría de estas obras, en torno al 70%, fueron ejecutadas por organizaciones de la sociedad civil.

La auditoría en curso ha señalado que gran parte de las obras realizadas fueron veredas y cordones, con contratos dirigidos a cooperativas vinculadas a movimientos sociales, como la UTEP. Pese a las críticas y las investigaciones en marcha, no se ha encontrado hasta ahora evidencia concluyente de corrupción en la gestión de los recursos del FISU.