Abogado penalista Gustavo de la Fuente bajo investigación por trata de personas en caso de venta de videos sexuales

Escándalo legal: Gustavo de la Fuente investigado por trata de personas en caso de videos sexuales

Gustavo de la Fuente, reconocido abogado penalista, enfrenta serias acusaciones por presunta trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, vinculadas a una empresa de venta de contenido erótico.

El renombrado abogado penalista Gustavo de la Fuente se encuentra en el centro de una investigación judicial por su presunta participación en un caso de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. Según fuentes judiciales, De la Fuente sería socio de una empresa dedicada a la venta de videos sexuales de mujeres, actividad por la cual está siendo indagado por la Justicia Federal.

La investigación, liderada por el fiscal General Francisco Maldonado y autorizada por el juez Leopoldo Rago Gallo, ha implicado allanamientos y la detención de varios implicados, incluyendo a un ciudadano colombiano y un pedido de captura contra un venezolano presuntamente vinculado como coordinador del lugar donde se realizaban las filmaciones.

Durante los allanamientos, se descubrieron contratos que limitaban la participación de la empresa a un máximo del 50% de los ingresos generados por la difusión de los videos, aunque se sospecha que las mujeres involucradas no estaban informadas adecuadamente sobre las transacciones financieras y recibían compensaciones mínimas, lo que podría configurar explotación económica.

Además de las preocupaciones sobre el consentimiento informado de las víctimas, la investigación se centra en la posible explotación de su situación de vulnerabilidad, especialmente considerando que varias de ellas provenían de entornos socioeconómicos precarios.

El caso ha sido denunciado ante la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, subrayando la gravedad de las acusaciones y la complejidad del caso que involucra elementos internacionales, como la restricción de acceso a la página web donde se alojaban los videos.

La situación sigue desarrollándose mientras las autoridades continúan recolectando pruebas y testimonios para esclarecer completamente los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes en este escándalo legal que ha conmocionado al ámbito judicial argentino.