La causa del “Tío” y la “Tía”: investigan a Lázaro Báez por sus vínculos con una organización narco y el manejo ilegal de bienes decomisados

La Justicia Federal investiga una presunta estructura criminal que conecta al empresario Lázaro Báez, detenido en la cárcel de Ezeiza, con una organización dedicada al tráfico de cocaína en la Patagonia. Las escuchas telefónicas revelaron que sus colaboradores lo llamaban “el Tío” y a su pareja, Claudia Insaurralde, “la Tía”. La investigación también apunta a que el empresario continuaba administrando estancias, propiedades y empresas que estaban bajo control judicial.

La situación judicial de Lázaro Báez sumó un nuevo y complejo capítulo luego de una serie de allanamientos realizados en Santa Cruz y Buenos Aires, en el marco de dos investigaciones conectadas que buscan determinar los vínculos entre una presunta organización dedicada al narcotráfico y una estructura que habría utilizado bienes incautados por la Justicia para generar ingresos millonarios.

El expediente, que tomó relevancia a partir de escuchas telefónicas y documentación secuestrada durante distintos procedimientos, tiene como principal protagonista al empresario Lázaro Báez, quien cumple una condena de 15 años de prisión en el penal federal de Ezeiza. Los investigadores sospechan que, pese a estar detenido, continuaba impartiendo instrucciones para administrar propiedades, empresas y establecimientos rurales alcanzados por medidas judiciales.

Uno de los aspectos más llamativos de la investigación es la utilización de los sobrenombres “el Tío” y “la Tía” en las comunicaciones entre los sospechosos. Según la reconstrucción judicial, Cristian Sebastián Ibáñez, señalado como hombre de confianza de Báez, se refería al empresario como “el Tío”, mientras que Claudia Insaurralde, su actual pareja, era identificada como “la Tía”.

Las escuchas que conectaron las dos investigaciones

La investigación por narcotráfico permitió detectar conversaciones telefónicas que terminaron involucrando directamente a Báez. Los investigadores tenían intervenidas las comunicaciones de Ibáñez, quien ya era investigado por sus presuntos vínculos con el tráfico y la comercialización de estupefacientes en Santa Cruz.

En una de esas comunicaciones apareció la referencia a un viaje a Corrientes para buscar maquinaria perteneciente al denominado “Tío Lázaro”. Esa conversación despertó el interés de los investigadores, que comenzaron a profundizar sobre la identidad de la persona mencionada y sus posibles conexiones con otras operaciones.

Otra de las escuchas que llamó la atención de los investigadores estuvo relacionada con el secuestro de aproximadamente 60 kilos de cocaína en Comodoro Rivadavia, Chubut. En una conversación, uno de los involucrados expresó su preocupación por el procedimiento policial y manifestó: “Qué cagada, cayeron los kilos”.

La hipótesis de la fiscalía apunta a establecer si los integrantes de esa estructura utilizaban camiones, maquinaria y propiedades vinculadas al patrimonio de Báez para facilitar actividades relacionadas con el narcotráfico.

De acuerdo con la investigación, una persona de extrema confianza del empresario habría ocupado un lugar central en la organización dedicada al transporte y distribución de estupefacientes en territorio patagónico.

Báez habría seguido manejando sus bienes desde la cárcel

En paralelo, los investigadores avanzaron sobre otra estructura que presuntamente se encargaba de administrar y explotar económicamente propiedades que habían sido embargadas, decomisadas o colocadas bajo tutela judicial.

Las escuchas incorporadas al expediente muestran que Báez mantenía comunicaciones desde el penal de Ezeiza y daba instrucciones sobre alquileres, movimientos de dinero, administración de estancias y contratación de personal.

En una de las conversaciones, el empresario fue contundente al referirse a la titularidad de los negocios: “El único dueño acá soy yo, ni mi familia, ni abogados, ni nadie”.

También habría impartido indicaciones sobre el cobro de alquileres y la disponibilidad de dinero generado por propiedades que se encontraban alcanzadas por medidas judiciales.

La investigación sostiene que Claudia Insaurralde y Cristian Ibáñez cumplían funciones centrales en la ejecución de esas directivas. En ese esquema, la pareja de Báez habría intervenido en la administración y recepción de fondos, mientras que Ibáñez se encargaba de coordinar diferentes operaciones en Santa Cruz.

Más de $390 millones bajo investigación

Uno de los datos más importantes del expediente es el movimiento económico detectado por los investigadores. De acuerdo con los informes bancarios incorporados a la causa, entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 se registraron 677 operaciones en cuentas vinculadas a Ibáñez y otros imputados.

Las transacciones efectivamente acreditadas alcanzaron aproximadamente $380,6 millones, mientras que el flujo financiero consolidado detectado por la fiscalía rondó los $390 millones.

Entre los bienes que aparecen mencionados en la investigación se encuentran las estancias Alquinta, La Entrerriana y Cruz Aike, además de propiedades en Río Gallegos y El Calafate, galpones, inmuebles comerciales y sociedades vinculadas al grupo empresario.

Varios de esos activos se encuentran alcanzados por medidas judiciales derivadas de las condenas que pesan sobre Báez, particularmente en las causas Vialidad y Ruta del Dinero K.

Allanamientos, detenciones y nuevas medidas judiciales

El avance de la investigación derivó en más de 20 allanamientos en distintos puntos de Santa Cruz y Buenos Aires. Los procedimientos incluyeron propiedades del empresario, establecimientos rurales, locales comerciales, inmobiliarias y hasta su celda en el penal de Ezeiza.

Claudia Insaurralde y Cristian Ibáñez quedaron detenidos junto con otros sospechosos. Durante los operativos se secuestraron documentación, dispositivos y otros elementos considerados relevantes para reconstruir el funcionamiento de las presuntas organizaciones.

El juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, interviene en el expediente, mientras que la investigación cuenta con la participación del fiscal federal Julio Zárate y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Entre las medidas solicitadas figuran embargos, inhibiciones generales de bienes, congelamiento de cuentas y levantamiento del secreto bancario y fiscal de los involucrados.

La calificación legal provisoria contempla posibles delitos de lavado de activos agravado, asociación ilícita, insolvencia fraudulenta y defraudación, además de las investigaciones vinculadas al narcotráfico.

La Justicia deberá determinar ahora el alcance de las conexiones entre ambas estructuras y, fundamentalmente, si los bienes que debían permanecer bajo control judicial fueron utilizados para financiar o brindar apoyo logístico a actividades criminales.

El caso abre un nuevo frente judicial para Lázaro Báez, que podría complicar todavía más su situación procesal, mientras los investigadores buscan establecer cómo funcionaba la presunta red que operaba bajo las denominaciones de “el Tío” y “la Tía”.

Importante: las vinculaciones con el narcotráfico y las maniobras investigadas constituyen hipótesis y acusaciones judiciales que todavía deben ser acreditadas. No equivalen a una condena por estos nuevos hechos.

Fuente: La Nación