Entra en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil y baja a 14 años la edad de responsabilidad penal

El nuevo sistema establece un régimen especial para adolescentes de entre 14 y 18 años. Contempla penas de prisión de hasta 15 años para determinados delitos, prohíbe la prisión perpetua y prevé alternativas al encierro.

A partir de este sábado entrará en vigencia en Argentina el nuevo Régimen Penal Juvenil, que establece un cambio significativo en la edad de responsabilidad penal. Con la nueva normativa, los adolescentes de 14 y 15 años podrán ser imputados por determinados delitos, mientras que hasta ahora la edad de responsabilidad penal se ubicaba en los 16 años.

El régimen establece un sistema penal específico para adolescentes de entre 14 y 18 años, con el objetivo de diferenciar su tratamiento del previsto para las personas adultas. La normativa contempla distintas medidas y sanciones que deberán determinarse de acuerdo con la gravedad del delito, las circunstancias particulares de cada caso y la situación del adolescente.

Uno de los principales aspectos del nuevo régimen es que no todos los delitos tendrán como consecuencia una pena de prisión. Entre las alternativas previstas se encuentran la reparación del daño, las restricciones de acercamiento, las reglas de conducta y la realización de actividades educativas o comunitarias.

En aquellos casos en los que la Justicia determine que corresponde una pena de prisión, el régimen establece un límite máximo de 15 años. Además, queda expresamente prohibida la prisión perpetua para adolescentes.

Otro de los puntos centrales es que los menores que deban cumplir una medida de privación de la libertad tendrán que permanecer en establecimientos especializados y separados de las personas adultas. El objetivo es garantizar un tratamiento acorde con su edad y evitar que compartan espacios penitenciarios con la población carcelaria mayor de edad.

La entrada en vigencia de la normativa también plantea importantes desafíos para el sistema judicial y para las provincias. La implementación requiere recursos, establecimientos adecuados, personal especializado y mecanismos de seguimiento capaces de atender la nueva demanda.