Rawson Nexo Minero: El Centro de Capacitación ELEVA participará del encuentro a pesar de no contar con habilitaciones oficiales

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, presentará este 1 de septiembre la iniciativa Rawson Nexo Minero, un espacio destinado a conectar empresas mineras, proveedores, instituciones educativas y vecinos que busquen formarse e insertarse laboralmente en el sector.

El encuentro se realizará en el Complejo Cultural y Deportivo La Superiora, entre las 16 y las 20 horas, y reunirá a oferentes de capacitación, trabajadores y empresarios en una propuesta de articulación productiva.

Entre las instituciones que participarán figura el Centro de Capacitación ELEVA. Sin embargo, la presencia de esta entidad genera un fuerte cuestionamiento: hasta la fecha no se encontraría inscripta en ningún registro oficial, no contaría con aval del Ministerio de Educación ni de la Subsecretaría de Trabajo de San Juan, y no tendría personería jurídica vigente. Aun así, habría firmado convenios y seguiría funcionando como centro formador.

¿CÓMO ES POSIBLE?

La situación plantea una pregunta directa: ¿Cómo puede un centro de capacitación que no cuenta con la documentación requerida, que no figura en ningún registro oficial y que solo ofrecería certificaciones privadas, firmar convenios municipales y capacitar a personas que aspiran a trabajar en la minería? ¿Qué validez tendrían esos conocimientos frente a las empresas mineras? ¿Qué respaldo tendrían los vecinos que se acerquen a formarse?

El Centro de Capacitación ELEVA no tendría habilitación legal para dictar cursos ni emitir certificaciones con validez oficial. No obstante, seguiría participando de actividades públicas y espacios oficiales como si contara con toda la documentación al día. Se trataría de una entidad con la situación legal totalmente irregular, y sin embargo tendría lugar en un evento municipal de formación laboral.

«No es una duda: es un hecho. Una entidad que no existe en los registros oficiales, sin aval, sin inscripción, sin papeles en regla, está invitada a enseñar, certificar y vincularse con empresarios mineros. ¿Cómo se explica?»

El encuentro se realizará el martes 1 de septiembre en La Superiora, de 16 a 20 horas. La participación de una entidad sin habilitaciones abre interrogantes sobre el control que se realiza al momento de invitar instituciones a formar parte de espacios públicos de capacitación.

Los avales que no existen y las contradicciones institucionales

Por un lado, la institución afirmaría que no necesitaría aval ministerial por no tratarse de un instituto terciario ni una universidad. Sin embargo, en otros materiales citaría como respaldo al Instituto Colbert y a la Asociación Argentina para la Salud, entidades que habrían confirmado que no mantendrían ningún convenio vigente con ELEVA. En otro momento, invocarían una supuesta resolución del Ministerio de Educación como aval, para luego aclarar que simplemente habrían presentado la documentación y estarían en trámite de personería jurídica, con correcciones pendientes en el expediente que no se habría aprobado todavía. A su vez, la propia institución reconocería que sus certificaciones serían de carácter privado y sin validez oficial, aunque en paralelo ofrecería formaciones denominadas tecnicaturas auxiliares en especialidades que habitualmente requerirían títulos habilitantes y reconocimiento estatal. Las contradicciones entre lo que se afirmaría públicamente y la realidad institucional generarían dudas sobre la solidez de la propuesta formativa.

Montos millonarios en el Departamento Iglesia y la falta de garantía

Fuentes del municipio del departamento Iglesia habría asegurado que no habría firmado ningún convenio con la entidad, tras haberle solicitado pagos de aproximadamente 25 millones de pesos mensuales, es decir unos 50 millones en dos meses — por capacitaciones combinadas (virtuales y presenciales) para cerca de doscientos alumnos, que desde el centro regalarían 100 capacitaciones. Los costos habrían resultado inaccesibles para el municipio, por lo que no se habría concretado acuerdo alguno. A pesar de la insistencia para llegar al acuerdo con el municipio. Aun así, la institución seguiría promocionándose y recorriendo distintos departamentos. Esto plantea una pregunta central: ¿quién garantiza a las personas que pagan por estos cursos que lo recibido será útil para insertarse laboralmente? ¿Quién asegura que el tiempo y dinero invertidos no serán en vano?

En el caso del evento en Rawson, si bien la asistencia podría no tener costo directo, las certificaciones seguirían siendo privadas y sin respaldo estatal, y la participación institucional formaría parte de un servicio que se promocionaría para luego ser cobrado.

En lugar de avanzar en la regularización de su situación legal, la entidad seguiría operando como si todo estuviera en regla.