Violencia a la prensa: Al tocar temas sensibles, la respuesta sería agredir a la persona en lugar de los hechos

Al menos cinco periodistas de la provincia estarían recibiendo en estos días campañas de descalificación y agresiones al abordar temas considerados sensibles, vinculados a la actividad minera, el manejo de fondos de coparticipación municipal y presuntas irregularidades en distintos municipios y entidades.

El patrón se repite con claridad: en lugar de rebatir la información o los hechos investigados, se ataca directamente a la persona, con comentarios sobre su apariencia física, agresiones a su familia e insultos, sin que se presenten pruebas de las afirmaciones que se les imputan. En algunos casos, incluso, habrían recibido advertencias que sugieren que, si no se callan de una manera, se los hará callar de otra, con amenazas explícitas.

Una de las periodistas que ha dado su autorización para hablar públicamente es Alejandra Ruiz, quien aparece mencionada en un video difundido en redes sociales en el que se la califica de «pseudoperiodista» y se la acusa de estar «ensobrada» y de recibir pagos para difamar, vinculándola directamente al gobernador Marcelo Orrego. En el material se afirma que recibiría dinero a cambio de su labor periodística, sin que se presenten pruebas que respaldan dichas afirmaciones. Alejandra investiga presuntas irregularidades en departamentos del interior provincial y ha sido objeto de agresiones graves, descalificaciones personales y comentarios hirientes sobre su apariencia física, sin que hasta el momento se haya mostrado evidencia alguna de lo que se le imputa.

Otra de las periodistas investiga tres entidades que no estarían inscriptas en ningún registro oficial y que, sin embargo, seguirían firmando convenios en distintos municipios y desarrollando actividades sin la habilitación correspondiente. Mañana estarán con una actividad en el municipio de Rawson  como si estuvieran todo EXCELENTE en papales. También ha recibido idéntico trato: la descalifican diciendo que no es periodista sino locutora, la acusan de cobrar para callarse sin mostrar evidencia, se meten con su apariencia física y con su familia, buscando desacreditarla a ella antes que cuestionar lo que está investigando.

Otros colegas, que han decidido mantener reserva por las medidas judiciales y respaldo legal que están gestionando, también estarían recibiendo agresiones similares al abordar temas de interés público. En todos los casos, el mecanismo es el mismo: cuando se tocan temas que incomodan, se descalifica a la persona en lugar de responder a la información. Se repiten los calificativos de que no son verdaderos periodistas, que cobran para callarse, que están ensobrados, y se agrede sobre la vida privada, la familia o la apariencia, sin debatir ni un solo dato de lo que se está investigando.

¿Por qué cuando un periodista pregunta, investiga o da a conocer información de interés público —sobre minería, sobre manejo de fondos públicos, sobre entidades que funcionan sin habilitación, sobre gestión municipal— la respuesta no es rebatir los hechos, sino destruir a la persona? ¿Por qué se agrede la apariencia, la familia, la profesión, cuando lo que está sobre la mesa es información que la gente tiene derecho a conocer?

¿Qué se busca silenciar? ¿De qué no quieren hablar?

La labor periodística no debería tener como costo recibir agresiones personales. Preguntar y dar a conocer información no es un delito. Y cuando la única respuesta es insulto, amenaza y descalificación sin pruebas, es porque algo no quieren que se sepa.

🔸 Nota basada en denuncias de comunicadores. Se respeta la reserva de quienes no desean ser nombrados. Alejandra Ruiz autorizó la difusión de su caso. Se presume la buena fe y el ejercicio legítimo del periodismo de investigación. Las afirmaciones del video mencionado no cuentan con respaldo probatorio público.