Algarilla podría ir a la cárcel: se presentaba como egresado de la UC de Cuyo y cobraba hasta $30.000 por cursos en un centro sin aval educativo

Condenado por estafar a estudiantes con una tecnicatura que prometía certificación y salida laboral. Ahora la Fiscalía pide que la pena sea efectiva. Y la institución donde dictaba clases no tendría autorización del Ministerio de Educación para funcionar.

La historia de Gustavo Daniel Algarilla da un giro decisivo en los tribunales. Este jueves, en una audiencia clave, la defensa mantuvo su recurso contra la sentencia dictada el 2 de junio por el juez Mariano Carrera, mientras que el Ministerio Público Fiscal planteó una exigencia que cambia todo: si el fallo se mantiene, la pena debe pasar de condicional a efectiva. Es decir, Algarilla podría ingresar a prisión.

La sentencia original lo condenó a un año y seis meses de prisión condicional por estafa, además de imponerle dos años de reglas de conducta. El juicio duró una semana, con más de 20 testigos y un análisis exhaustivo de mensajes, comunicaciones y evidencias que reconstruyeron cómo operaba el engaño.

Cómo funcionó la estafa

Algarilla se presentaba como egresado de la Universidad Católica de Cuyo de San Juan, dando a entender que contaba con formación académica respaldada por esa casa de estudios. Ofrecía una tecnicatura en Evisceración y Morgue que prometía certificación oficial y salida laboral. A cada alumno le cobraba montos que iban desde los 30.000 hasta los 50.000 pesos en ese momento.

Pero en el camino, todo se desmoronaba: cambiaban los lugares de cursado, se modificaba la modalidad, y las credenciales que entregaba no tendrían el respaldo oficial que prometían.

La audiencia de este jueves reabrió la disputa. La defensa sostuvo sus argumentos para cuestionar la condena. La Fiscalía, en cambio, pidió que la pena se cumpla en forma real y efectiva. La resolución del tribunal se conocerá en aproximadamente 40 días. Hasta entonces, rige la condena condicional dictada en primera instancia.

⚠️ El centro donde funcionaba tampoco tendría papeles en regla

Mientras la causa avanza sobre la persona de Algarilla, queda al descubierto un dato central: el centro de capacitación ELEVA, desde donde dictaba los cursos, no figuraría registrado en el Ministerio de Educación de San Juan como entidad autorizada para dictar tecnicaturas ni para emitir certificaciones con validez oficial. No contaría con la resolución ministerial que avale sus programas, ni con el reconocimiento pedagógico indispensable para formar estudiantes y entregar títulos con valor académico.

Las certificaciones que entregaba la institución aparecían vinculadas al Grupo Sevilla, entidad que se presenta como Asociación Civil privada con sede en Mendoza y menciona una Resolución 950/2019, aunque no se sabría con certeza si esa resolución provendría de autoridad educativa competente ni si tendría validez para certificar este tipo de carreras. Por lo tanto, la validez oficial de esas certificaciones no habría podido ser comprobada.

«Algarilla cobró hasta 30 mil pesos por alumno, se presentó como egresado de la Universidad Católica de Cuyo, (UCC), y dictaba clases en un lugar que no tendría autorización de Educación. ¿Quién controló todo esto?»

La condena a Algarilla es un paso. Pero la pregunta que queda flotando es más grande: ¿cómo funcionó durante tanto tiempo un centro de capacitación que no estaría inscripto en Educación, que cobraba por cursos que no tenía autorización para dictar, y que entregaba certificaciones de validez incierta? La respuesta podría estar en los próximos pasos de la causa.

Mirá el video de las clases de Algarilla