Branka Motors: condena de cinco años para los tres acusados y un camino civil para recuperar los $524 millones

La causa por la millonaria estafa que perjudicó a 352 damnificados tuvo su capítulo decisivo: la jueza Carolina Parra homologó el juicio abreviado y fijó la pena para Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega Zuvire, aunque el dinero no será restituido por la vía penal.

La causa por la millonaria estafa vinculada a Branka Motors tuvo este miércoles un capítulo decisivo. La jueza de Garantías Carolina Parra homologó el juicio abreviado acordado entre los acusados y el Ministerio Público Fiscal y estableció una pena de cinco años de prisión efectiva para Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega Zuvire.

Los tres imputados admitieron su participación en los hechos, aceptaron la calificación legal establecida por la fiscalía y dieron su conformidad con la pena acordada. La querella, en representación de los damnificados, se había manifestado en contra del acuerdo y había solicitado que la condena fuera de seis años.

La resolución fue confirmada por la abogada querellante, doctora Noriega. La letrada indicó que los fundamentos de la sentencia serán difundidos el próximo martes, cuando se conocerán las razones por las que la magistrada decidió avanzar con la homologación pese a la oposición de la querella.

La investigación alcanzó a 352 damnificados y determinó un perjuicio económico cercano a los $524 millones.

Una maniobra que dejó cientos de afectados

El expediente comenzó a crecer a partir de las primeras denuncias realizadas entre diciembre y enero. Uno de los casos que impulsó la investigación fue el de Guadalupe Ailén Céspedes, quien había entregado $1.700.000 por una motocicleta que nunca recibió.

Con el avance de la causa se sumaron nuevos reclamos y la cantidad de víctimas llegó a 352. De acuerdo con la investigación, Branka Motors promocionaba vehículos y motocicletas a precios muy inferiores a los habituales del mercado.

Los compradores realizaban pagos con la expectativa de recibir los rodados adquiridos, pero las entregas no se concretaban. La suma total del perjuicio denunciado fue calculada en unos $524 millones.

El intento de devolver el dinero no prosperó

Antes de llegar al juicio abreviado, las partes habían intentado alcanzar un acuerdo para reparar económicamente a los damnificados.

El convenio contemplaba cinco cuotas, pero quedó trunco cuando los acusados no abonaron la primera de ellas. Frente al incumplimiento, el fiscal Guillermo Heredia solicitó dejar sin efecto el acuerdo y los tres imputados fueron enviados al Penal de Chimbas, donde permanecieron bajo prisión preventiva.

Finalmente, la situación penal se resolvió mediante un juicio abreviado, con una condena de cinco años de prisión efectiva para cada uno.

La recuperación del dinero seguirá por otra vía

La sentencia penal no contempla la restitución de los $524 millones a las personas damnificadas. Por este motivo, quienes busquen recuperar el dinero deberán iniciar reclamos individuales ante el fuero Civil.

Así, la resolución de este miércoles pone fin a la discusión penal sobre la responsabilidad de los tres acusados, pero deja abierta una nueva instancia judicial para las víctimas que intenten recuperar las sumas entregadas.

Los fundamentos de la sentencia serán conocidos el próximo martes y permitirán conocer en detalle los argumentos de la jueza Carolina Parra para homologar el acuerdo.