El contrato del silicio: un juicio millonario vuelve a poner bajo la lupa un acuerdo firmado por EPSE en 2013

La Justicia comenzó a analizar una demanda por el presunto incumplimiento en la entrega de 805 toneladas de silicio grado metalúrgico refinado. El expediente también podría determinar el alcance de una adenda que habría incorporado a SAP Energía, firma vinculada al exfuncionario uñaquista Andrés Rupcic, en una operación relacionada con cuatro usinas hidroeléctricas.

Durante años, el contrato permaneció fuera del foco público. Sin embargo, trece años después de su firma, la Justicia comenzó a analizar un expediente que podría derivar en un millonario reclamo económico contra la empresa Electrometalúrgica Andina.

Según publicó el medio local TLD, la demanda fue impulsada por Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) luego de que fracasara la instancia de mediación obligatoria. El proceso buscará determinar si existió un incumplimiento en un contrato firmado en 2013 para la provisión de 805 toneladas de silicio grado metalúrgico refinado, material que sería clave para un proyecto de fabricación de paneles solares.

De acuerdo con esa publicación, EPSE habría abonado por adelantado el material, aunque la entrega nunca se habría concretado. Ese presunto incumplimiento es uno de los principales ejes que ahora deberá analizar la Justicia.

El expediente también pondría bajo análisis una adenda incorporada con posterioridad al contrato original. Ese documento habría sumado a SAP Energía, empresa vinculada al exfuncionario Andrés Rupcic, que, según la información difundida por el medio local, habría asumido la obligación pendiente en el marco de un acuerdo que incluiría cuatro usinas hidroeléctricas.

Uno de los interrogantes centrales será determinar si esa adenda modificó las obligaciones originales, cuál sería su validez jurídica y qué responsabilidad le correspondería a cada una de las partes involucradas.

La causa recién comenzó su etapa judicial y será durante el desarrollo del proceso cuando se incorporen pruebas, documentación y testimonios que permitan establecer si efectivamente existió un incumplimiento contractual y quién debería responder por el eventual perjuicio económico.

Por el momento, no existe una sentencia sobre el caso y serán los tribunales los que definan la responsabilidad de los involucrados.