El gobierno impulsa Ficha Limpia para excluir a condenados por corrupción de candidaturas

El proyecto busca prohibir la participación electoral de personas con condenas por delitos de corrupción, mientras contempla otros cambios clave en la reforma electoral, como la eliminación de las PASO y la regulación del financiamiento político.
El Gobierno nacional vuelve a poner en el centro del debate político la herramienta conocida como Ficha Limpia, destinada a impedir que personas con condenas por corrupción puedan presentarse a cargos electivos.

ún informó la Agencia Noticias Argentinas, este miércoles el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de reforma electoral que incluirá, además de Ficha Limpia, la eliminación de las PASO y nuevas regulaciones sobre el financiamiento de la política.
Ficha Limpia tiene como objetivo principal dejar fuera de las listas electorales a quienes hayan sido condenados por delitos previstos en los Capítulos VI y VII de la ley, que abarcan cohecho, tráfico de influencias y otros ilícitos vinculados a la función pública. Entre los delitos que impedirán la candidatura se incluyen: malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleo y encubrimiento.
El artículo 7 del proyecto establece que no podrán ser designadas para cargos como Jefe de Gabinete de Ministros, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados, ni directores de empresas estatales, aquellas personas condenadas por los delitos mencionados, siempre que la sentencia haya sido confirmada en segunda instancia antes del 31 de diciembre del año previo al proceso electoral. Si la segunda instancia se confirma después del 1º de enero del año electoral, la inhabilitación tendrá efecto después de finalizadas las elecciones.
Asimismo, se contempla la creación de un Registro Público de Ficha Limpia, a cargo de la Cámara Nacional Electoral, en el cual quedarán asentadas todas las sentencias de segunda instancia que confirmen los delitos que impidan la participación electoral de los dirigentes.
FUENTE: LA OPINIÓN