A 11 años de la muerte de Alberto Nisman, la Justicia avanza sobre inteligencia ilegal y encubrimiento político

Declaraciones de agentes de inteligencia del Ejército, ex funcionarios judiciales y políticos apuntan a presuntas maniobras de desvío para encubrir lo ocurrido con el fiscal, en medio de acusaciones sobre suicidio disfrazado.

A 11 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la investigación que comenzó como un caso emblemático de la lucha contra el terrorismo y la corrupción continúa desarrollándose en un marco de nuevas acusaciones y testimonios que buscan esclarecer posibles maniobras de inteligencia ilegal y un presunto encubrimiento político. En las últimas semanas, agentes de inteligencia del Ejército han empezado a declarar ante la Justicia para aportar datos sobre posibles manipulación de evidencias y coordinación entre distintos sectores del poder para desviar la atención del caso.

La querella y varios cortos mentiones de prensa han señalado que, además de las diligencias centradas en el propio asesinato, existen líneas de investigación que apuntan a ex funcionarios judiciales y políticos, presuntamente involucrados en intentos de desviar la atención pública para que el suceso aparezca como un suicidio. Esas hipótesis, según fuentes cercanas a la pesquisa, buscan entender si hubo presiones, filtraciones o maniobras de dilución de pruebas para asegurar un cierre que evitara responsabilidad institucional.

En paralelo, fiscalías especializadas y comisiones internas continúan revisando expedientes, mensajería y movimientos de personas vinculadas al caso, con el objetivo de reconstruir con rigor las circunstancias que rodearon la muerte del fiscal y evaluar la posible existencia de un modus operandi que combine inteligencia estatal con intereses políticos. Expertos legales señalan que este tipo de investigaciones requieren pruebas contundentes de coordinación entre distintos actores y un marco jurídico claro para evitar interpretaciones que inflen o desvirtúen las conclusiones.

La familia de Nisman y diversas asociaciones civiles han pedido transparencia y una agenda de verdad que permita a la sociedad entender con certeza qué ocurrió y quiénes, si corresponde, deben responder ante la justicia. A la vez, otros sectores señalan la necesidad de mantener el proceso alejado de la polarización para garantizar un fallo basado en hechos verificables y procesos judiciales justos.

La próxima semana se espera la continuación de declaraciones clave de testigos, entre ellos oficiales de inteligencia y abogados defensores, que podrían aportar elementos decisivos sobre la cadena de custodia de pruebas y posibles presiones externas. En este contexto, la comunidad jurídica y la opinión pública observan con atención cada nuevo indicio, conscientes de que el caso Nisman ha marcado un punto de inflexión en la disciplina de la investigación criminal y la vigilancia de las acciones de las instituciones ante hechos de gran trascendencia. #ContinúaInvestigaciónSobreMuerteDeNisman