«Acuerdo judicial: Juan Cruz Rufino Pagará $5 Millones en 17 Cuotas para evitar el proceso penal por estafa en venta de vehículo»

Tras ser imputado por amenazas y daños, el cantante Juan Cruz Rufino se salvó de prisión al acordar pagar $5 millones a un trabajador de delivery, Bruno Fernández, a quien estafó con la venta de un auto que ni siquiera podía transferir debido a conflictos sucesorios. El damnificado se quedó sin moto, sin efectivo y sin vehículo.

El nombre de Juan Cruz Rufino vuelve a resonar en los tribunales, esta vez no por amenazas o violencia familiar, sino por una presunta maniobra fraudulenta relacionada con la venta de un vehículo. El caso involucra a Bruno Fernández, un trabajador de delivery, quien creyó haber encontrado una ganga en Marketplace.

Fernández pactó la compra de un Fiat Uno con Rufino, entregando como parte de pago $300.000 en efectivo y una motocicleta Honda CV190 Repsol. Según el relato de la denuncia, Rufino garantizó que el auto estaba «en condiciones» para la transferencia. Sin embargo, al intentar concretar los trámites en Chimbas, Fernández se topó con una pared legal: el titular del vehículo había fallecido dos años antes, y existían graves conflictos sucesorios que imposibilitaban cualquier gestión.

Al devolver el auto, el comprador exigió la restitución de su dinero y su moto. Aquí es donde la situación se agrava para Fernández: Rufino, según su versión, declaró no poseer ni el dinero ni el vehículo. A pesar de esto, el músico firmó un compromiso de pago por $5,1 millones a saldar en un mes. El plazo expiró sin que Fernández recibiera «un solo peso», quedando en una situación crítica: «Me quedé sin la moto, sin la plata y sin el auto», declaró ante Fiscalía.

La causa llegó a la mesa de conciliación el pasado lunes 17 de noviembre. La defensa de Rufino negoció un acuerdo con la Fiscalía y la querella. Para evitar el avance del proceso penal, que podría haber escalado a nuevas imputaciones, Rufino se comprometió a pagar la suma de $5 millones, a ser cancelados en 17 cuotas de $300.000.

Este acuerdo, si se cumple estrictamente, cerrará el conflicto. De lo contrario, la causa penal se reactivará, poniendo en tela de juicio la palabra y la situación económica del implicado frente a la justicia sanjuanina.