Cómo el Gobierno logró frenar la ley contra los DNU y cuál será la estrategia en el Congreso hasta diciembre

A último momento, cuando la norma ya había sido aprobada en general en Diputados, el oficialismo dejó sin efecto la sanción del proyecto que limita los Decretos de Necesidad y Urgencia. Volverá al Senado y así, el Ejecutivo ganará tiempo. La ayuda clave de los gobernadores.

La jugada, que ha generado debates en pasillos y despachos oficiales, se apoyó en una lectura del proceso legislativo que favorece a la cooperación entre poderes y a una negociación más extensa con las distintas jurisdicciones. Entre los elementos que se destacan para comprender la maniobra está la necesidad de consolidar una mayoría en el Senado que permita al Ejecutivo evitar un choque frontal con bloques opositores y, al mismo tiempo, ganar tiempo para ajustar el proyecto a un marco político más favorable.

La estrategia en el Senado incluye, según fuentes oficiales, una ofensiva de acuerdos con gobernadores y legisladores regionales. Estos aliados serían claves para forjar una mayoría que permita la aprobación de una versión revisada del texto, o bien una dilatación del tiempo para que el Ejecutivo pueda presentar medidas compensatorias o cambios en el marco institucional que moderarían las críticas sobre el uso de los DNU.

La agenda del oficialismo para los próximos meses apunta a múltiples frentes: gestionar la relación con las provincias y los gobernadores, consolidar alianzas estratégicas dentro del Congreso y, al mismo tiempo, mantener una línea de comunicación que evite desbordes que podrían impactar en la aprobación de otras iniciativas prioritarias para el Ejecutivo. En este contexto, la discusión sobre DNU se inscribe en un marco más amplio de fortalecimiento institucional y de control parlamentario que el Gobierno busca equilibrar con la necesidad de acción rápida en momentos de crisis.

Analistas y opositores señalan que la salida de la sanción abre un periodo de negociación prolongado, con chances de modificaciones sustanciales al texto original. La clave, anticipan, será la capacidad del Ejecutivo para convencer a los senadores de que una versión enmendada podría garantizar una mayor previsibilidad en la gestión de crisis, sin desatender los principios de control y transparencia que exige la oposición y la sociedad civil.

Entre las variables a considerar figuran también dinamismos políticos internos, el papel de la opinión pública y la presión de las provincias, que han mostrado una tendencia a exigir mayor autonomía y límites claros al uso de herramientas como los DNU. En este contexto, la estrategia parlamentaria hasta diciembre podría centrarse en lograr una votación en el Senado que permita avanzar hacia una versión revisada del proyecto o, en su defecto, una nueva iniciativa que respire más amplitud política y que cuente con el visto bueno de una coalición diversa.

Como se observa, el episodio de última hora no solo retrasa un proceso clave para la regulación de los DNU, sino que redefine la arquitectura de alianzas en el Congreso y coloca al Ejecutivo ante la necesidad de diseñar una estrategia sostenida para cerrar el ciclo legislativo del año con un paquete de medidas que combine eficiencia política y responsabilidades institucionales. #ProyectoDeLeyDNURechazada