El Gobierno convierte Yacimiento Carbonífero de Río Turbio en Sociedad Anónima y abre la puerta a capitales privados

El presidente Javier Milei firmó el decreto que transforma a la empresa estatal en una Sociedad Anónima. El Estado mantendrá el 100% de las acciones, pero abre la posibilidad de inversiones privadas. La medida genera incertidumbre entre los trabajadores.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el presidente Javier Milei firmó el decreto que convierte a Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT) en una Sociedad Anónima. Según la norma, el 95% de la participación accionaria quedará en manos de la Secretaría de Energía, mientras que el 5% restante será administrado por la Secretaría de Minería.

La medida abre la puerta a una futura privatización del complejo, que incluye una mina de carbón y dos centrales de generación de energía. Desde el Gobierno sostienen que antes de su venta realizarán un “saneamiento” de la empresa, lo que podría implicar recortes de personal, ya que una de las principales críticas de La Libertad Avanza al yacimiento es su cantidad de trabajadores.

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, fue informado de la decisión por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, antes de que se hiciera pública. La noticia generó preocupación en la provincia, ya que en el pasado los gobernadores patagónicos se habían opuesto a la incorporación de capitales privados en YCRT.

Según trascendió, al menos tres grupos económicos están interesados en invertir en la empresa, especialmente en el sector de generación eléctrica, considerado el más rentable.

El yacimiento estuvo envuelto en un escándalo en septiembre de 2024, cuando el Gobierno de Santa Cruz denunció un presunto pedido de coimas en una operación de venta de carbón a la empresa israelí TEGI Limited. La denuncia derivó en la destitución del entonces interventor de YCRT, Thierry Decoud, y en una investigación judicial en curso.

Aún no se ha detallado un plan concreto de privatización, pero la conversión en Sociedad Anónima es un primer paso en ese camino. Mientras tanto, crece la incertidumbre entre los trabajadores y sectores políticos que se oponen a la medida.