Investigan un supuesto esquema de corrupción con multas de tránsito en Buenos Aires

El Ministro de Transporte, Jorge D’Onofrio, y otros funcionarios bonaerenses están bajo la lupa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero mediante la manipulación de infracciones de tránsito.

La Justicia Federal avanza en la investigación de un presunto esquema de corrupción vinculado a la manipulación de multas de tránsito en la Provincia de Buenos Aires. Según las primeras evidencias recopiladas, una organización delictiva habría recibido coimas para eliminar o reducir infracciones labradas en territorio bonaerense, generando importantes ingresos ilícitos que posteriormente habrían sido lavados.

El supuesto líder de esta red sería Jorge D’Onofrio, actual Ministro de Transporte del gobierno de Axel Kicillof. El fiscal federal de Campana, Sebastián Bringas, presentó un requerimiento de instrucción solicitando ampliar las medidas de prueba contra D’Onofrio y otros implicados, entre ellos Claudia y Roxana Pombo, dos concejales peronistas de Pilar consideradas de confianza del ministro.

Las acusaciones

La Fiscalía señala que esta organización habría utilizado su posición de poder para obtener pagos indebidos a cambio de beneficios relacionados con infracciones de tránsito. Los fondos generados por estas prácticas ilícitas habrían sido blanqueados a través de distintos mecanismos financieros.

El caso podría derivar en graves consecuencias políticas y judiciales para los implicados, especialmente para D’Onofrio, quien ocupa un cargo clave en la administración provincial.

Próximos pasos

La investigación se encuentra en una etapa preliminar, pero las pruebas recolectadas hasta ahora llevaron a la Justicia a intensificar las pesquisas. El pedido de instrucción abre la puerta a nuevas medidas, como allanamientos, citaciones y el análisis de documentación que permita esclarecer el alcance de este supuesto esquema de corrupción.

Con esta causa, el gobierno bonaerense enfrenta un nuevo desafío en un contexto de creciente demanda por transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.