Venezuela aprueba ley que impone 30 años de prisión por respaldar sanciones internacionales

La normativa también contempla inhabilitaciones políticas por 60 años y multas de hasta un millón de dólares. Es considerada una medida contra la disidencia y el apoyo a sanciones extranjeras.
El Parlamento de Venezuela aprobó una controvertida ley que establece penas de hasta 30 años de prisión para quienes respalden sanciones internacionales contra el país o sus funcionarios. La normativa, promovida por el gobierno de Nicolás Maduro, incluye además inhabilitaciones políticas por 60 años y multas de hasta un millón de dólares para los responsables de «acciones o hechos que afecten la estabilidad de la nación».

¿Qué contempla la nueva ley?

• Prisión: Hasta 30 años por promover, respaldar o facilitar sanciones internacionales.
• Multas: Las sanciones económicas pueden alcanzar el millón de dólares.
• Inhabilitaciones: Los dirigentes políticos involucrados en estas actividades pueden quedar fuera de la arena política por 60 años.

El gobierno argumenta que la ley es necesaria para proteger la soberanía nacional y garantizar la estabilidad económica y social frente a las sanciones impuestas por países como Estados Unidos y miembros de la Unión Europea.

Reacciones internacionales y de la oposición
La ley ha sido duramente criticada por organismos internacionales y sectores de la oposición, quienes consideran que criminaliza la disidencia y restringe aún más las libertades políticas. Desde organizaciones de derechos humanos señalan que las inhabilitaciones y multas buscan debilitar a los líderes opositores en un contexto electoral.

Mientras tanto, los aliados internacionales del régimen han respaldado la normativa como un paso necesario para resistir la «injerencia extranjera».

La legislación entra en vigor en un momento de creciente tensión política, en medio de los esfuerzos de la oposición por obtener apoyo internacional y presionar por cambios democráticos en el país.